Etiqueta: Historia de España

Autor: Edmundo Fayanas Escuer

Fuente: Nueva Tribuna, 20/01/2019

La Diputación provincial que gobierna Navarra antes de producirse la sublevación, del diecisiete de septiembre de 1868 en Cádiz, es el resultado de las elecciones del veinticinco al veintisiete de noviembre de 1866. Es una Diputación de marcado carácter político carlista y conservador, que representa perfectamente a las clases terratenientes y de propietarios.

En una sucinta revisión de sus componentes, podemos constatar lo anteriormente expuesto:

– Alberto Calatayud Irigoyen: del distrito de Aoiz, de familia noble, era abogado y próximo al neocatolicismo, en las elecciones de noviembre de 1866 obtuvo 257 votos de 2153 electores. En julio de 1874, rechazó ser miembro de la Diputación carlista de Navarra. En el año 1882 por despacho de Alfonso XII consiguió el título de marqués de Jaureguizar.

– Gonzalo Fernández de Arcaya Bustamante: representa al distrito de Estella, era terrateniente. Fue alcalde de Allo y políticamente era carlista, en las elecciones de noviembre de 1866 obtuvo 833 votos de los 1.107 emitidos de un censo de 2.277 electores. En la primavera de 1872, fue nombrado por el general carlista Teodoro Rada, presidente de la Junta Gubernativa de Navarra y formó parte de la Diputación carlista de 1874. Se exilió a Bayona (Francia) en el año1876.

– Francisco Javier Baztán Goñi: representa al distrito de Estella, terrateniente y abogado, sale elegido de forma extraordinaria en las elecciones, del siete al nueve de agosto de 1868. Consiguió 168 votos de un censo de 2.133 electores. Tiene diversas publicaciones sobre Navarra y los Fueros. Era conservador foralista pero no carlista, el veinte de noviembre de 1871, fue nombrado secretario de la Diputación.

– Nicasio Zabalza Satrústegui: representa al distrito de Pamplona. Salió elegido en las elecciones del año 1866 formando candidatura conjunta con Juan José Barberena. Fue diputado a Cortes Constituyentes del año 1869 por el partido carlista. Votó a favor de la unidad católica, la confesionalidad del Estado, la indemnización y supresión de las regalías, en contra de la libertad religiosa y el mantenimiento del culto sólo para los católicos. Fue procesado por conspirar a favor de D. Carlos de Borbón. Participó en la Junta carlista de Vevey (Suiza) y fue miembro de la Diputación carlista del año 1874.

– Juan José Barberena Oyarzábal: representa al distrito de Pamplona, era terrateniente y prestamista. Próximo al neocatolicismo, formó parte de la candidatura con Zabalza, consiguiendo 1.163 votos de los 4.150 electores del distrito.

– Demetrio Iribas Iriarte: del distrito de Tafalla. Aristócrata y carlista, salió elegido en las elecciones de noviembre de 1866, con 255 votos de 1250 electores. Participó en los sucesos de Tafalla de abril de 1869. Se exilió y participó en la Junta carlista de Vevey. Posteriormente amnistiado, se presentó a las elecciones de diputados a Cortes en marzo de 1871 y en abril de 1872, resultando elegidos en ambas por el partido carlista. En el año 1874 fue elegido secretario de la Diputación carlista de Navarra.

– Tomás Moreno Sola: del distrito de Tudela, abogado con buena posición económica, en las lecciones de 1866 obtuvo 260 votos de 1046 electores. Fue el que hizo las protestas más sonoras por la supresión de la Diputación por parte de la Junta gubernativa de Navarra, era de tendencia conservadora.

La Diputación, que afrontaba la septembrina, es pues de una tendencia carlista-conservadora, por lo que todo que suena a liberal, resulta peligroso.

El diecisiete de septiembre de 1868, se subleva el almirante Topete en Cádiz, bajo el lema ¡Viva España, con honra!

A lo largo de estos días se constituyen Juntas Gubernativas revolucionarias en cada provincia, Sevilla, Málaga etc. El veintisiete de noviembre, se produce la batalla de Alcolea, en el que las tropas sublevadas dirigidas por el general Serrano derrota a las fuerzas leales a Isabel II dirigidas por el marqués de Novaliches.

Esta derrota origina el exilio de Isabel II que se encuentra de vacaciones con su Corte en San Sebastián, exiliándose en Francia.

Desde la sublevación del almirante Topete en Cádiz el diecisiete de septiembre, sucede que la Diputación ofrece su respeto y apoyo a la Reina Isabel II. Tanto el Gobernador militar como el Capitán General toman medidas para que se vigilen las líneas telegráficas y las vías férreas de Alsasua-Pamplona-Castejón-Zaragoza.

También es destacable que, el veintiocho de septiembre, una partida sublevada, provenientes de Logroño entran en Andosilla, llevándose los fondos del municipio y las contribuciones.

En Navarra, se constituye la Junta Suprema de Gobierno y en comunicación a la Diputación del treinta de septiembre, le comunica:

“Constituida en esta capital la Junta Suprema de Gobierno de Navarra que… ha sido elegida por la voluntad del pueblo para secundar y llevar a cumplimiento la gran revolución que con el lema de la Soberanía Nacional ha hecho casi toda España, ha acordado ponerlo en conocimiento de las autoridades por el presente oficio y del país entero en la alocución que esta redactando, esperando que desde luego la reconociera V.E. por tal poder Supremo en toda la provincia, dictando en su virtud las órdenes correspondientes, para el expuesto objeto. Pamplona treinta de septiembre de 1868”.

La Junta Suprema de Gobierno de Navarra estaba compuesta por: Domingo Moriones (presidente), Serafín Larrainza (vicepresidente), Agustín Sardá (secretario), todos los demás son vocales: Veremundo Ruiz de Galarreta, Francisco Azparren, Gregorio Zabalza, Baldomero Navascués, Tomás Azcaráte, José Martínez Morentin, Julio Ruiz, Lázaro Peruchena, Vicente Grados, Rafael Ripa, Anacleto Ardanaz, Tadeo Gandiaga, Antonio Corroza, Eusebio Martín. Gran parte de ellos tendrán un papel importante en el sexenio navarro.

La Diputación en la misma fecha contesta el escrito anterior:

“A la Junta Suprema de Gobierno de Navarra. Esta Diputación ha recibido el atento oficio que en esta fecha le ha dirigido esa Junta Suprema de Gobierno de Navarra en el que le participa las personas que la constituyen y en su virtud debe manifestarle que abriga la más profunda confianza de que todo cuanto se refiera a las atribuciones privativas y especiales de esta Corporación fundadas en sus antiguos y venerados fueros, continuarán en la misma integridad e independencia con que vienen ejerciéndose bajo tu Gobierno constituido”.

La Junta Suprema Gubernativa de Navarra decide, el dos de octubre, el cese de la Diputación, mediante la siguiente comunicación:

“Esta Junta atendiendo a las circunstancias anormales que atravesamos y en virtud de las extraordinarias facultades que posee, ha acordado por decreto de esta fecha que cesen en sus cargos los individuos que actualmente componen la Diputación Foral y Provincial de Navarra, disponiendo también que en interim se nombra otra nueva, se encargue de los negocios propios de las atribuciones de aquella, una comisión del seno de la Junta compuesta por los Señores: Anacleto Ardanaz. José Martínez de Morentin y Eusebio Martínez. Todo lo cual participo a V.E. a fin de que en debido cumplimiento de este asunto, decline las funciones que ejerce en la nombrada comisión, en cuanto se presente a tomar posesión de su cargo”.

Nada más recibida esta comunicación en la Diputación, se convoca una sesión extraordinaria, mandando la siguiente contestación a la Junta Suprema de Gobierno de Navarra:

“Esta Diputación en vista de la comunicación que esa Junta le ha dirigido con esta fecha, debe manifestarla con verdadero sentimiento que los individuos que la constituyen no encuentran términos hábiles para someterse al acuerdo a que la misma se refiere, porque como diputados, juraron tomar posesión de sus puestos, defender los fueros de Navarra y creen que semejante medida los vulnera radicalmente”.

El diputado foral por Tudela, Tomás Moreno Sol, pide que se consignase en el acta la siguiente manifestación:

“El diputado que suscribe aceptó el cargo que desempeña como puramente administrativa y como tal ha procurado desempeñarlo. Protesta de la manera más solemne contra el acuerdo antiforal tomado en esta fecha por la Junta Suprema de Gobierno de Navarra y cediendo a la fuerza de las circunstancias anormales que atravesamos y declinando la responsabilidad, se retira tranquilo a la vida privada, haciendo fervientes votos por la verdadera libertad de la Nación y por los venerados Fueros de esta provincia”.

A esta manifestación se adhieren los diputados forales, Alberto Calatayud Irigoyen y Francisco Baztán Goñi, todos de tendencia conservadora. Merece destacar que los miembros reconocidos del partido carlista en esta Diputación no lo hicieron ¿Por qué?

El tres de octubre, la Junta Suprema de Gobierno de Navarra manda a la Diputación el siguiente escrito:

“Con profundo disgusto ha visto esta Junta el contenido de la comunicación que V.E. le dirige, invocando para no someterse al acuerdo de aquella, la idea de que con su ejecución se vulneran radicalmente los fueros de Navarra.

Aún prescindiendo de la singularidad de las formas en que se desenvuelve esa comunicación, la manifiesta inexactitud de lo afirmado en ella, y el resultado práctico de no darse efectiva realización a una medida decretada por el Supremo y único orden que en Navarra existe, en virtud de una revolución unánime en toda España imprimen la necesidad de hacer entender a V.E. y de consignar muy alto que en manera alguna se afecta a la integridad de los Fueros provinciales, al adoptar una determinación solo concerniente a las personas de los Diputados sometidas como tales a las disposiciones del Poder Supremo en la organización, atribuciones y demás, análogo al ejercicio de su encargo, quedando luego al de los que les sustituyan el guardar en la vía administrativa al tenor de los verdaderos derechos de Navarra.

En su virtud y teniendo en cuenta que se hace innecesaria la intervención de la Comisión designada por haberse nombrado por decreto de este día una Diputación compuesta de los Sres.: Tomás Azcárate, Beltrán Azpárren, Julían Ruiz, Jose Javier Colmenares, Leonardo Urbiola, Manuel Pérez Colmenares. Rafael Ripa, de los cuales se hallan presentes los cuatro primeros, prevengo a V.E. que si para la hora de las diez de la mañana no manifiesta explícitamente que reconoce al Supremo Poder de Gobierno que reside en esta Junta y además no procede a resignar sus funciones en dichos diputados presentes, se adoptarán la medidas conducentes a la dación de posesión referida, quedando sujeto a las penas a que se hacen acreedores los que embarazan y resisten las acciones del Supremo Poder de esta Junta”.

Está claro el ultimátum que se da a la Diputación, la cual contesta el mismo día:

“Esta Diputación en vista de la comunicación que con esta fecha la ha dirigido esa Junta y teniendo en cuenta lo que final de la misma se previene la manifiesta explícitamente que reconoce el Supremo Poder del Gobierno que en ella reside y resigna en este momento sus funciones declinando toda responsabilidad. Lo que se participa a esa Junta para su conocimiento y efectos oportunos”.

2° LA NUEVA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y FORAL DE NAVARRA

El cinco de octubre, jura la nueva Diputación ante el gobernador civil, Antonio Corroza, jurando solamente José Javier Colmenares, Tomás Azcarate, Julían Ruiz, Beltrán Azparren. El día seis lo hacen Leonardo Urbiola y Manuel Colmenares y el siete Rafael Ripa.

En sucinta recensión de los componentes de la nueva Diputación podemos constatar:

– Julián Ruiz Sanzol (distrito electoral de Aoiz), abogado, de convicciones liberales. Fue vocal del Comité electoral del Partido Liberal Fuerista Monárquico. No tuvo una gran participación en la misma. Consiguió el acta de diputado por el distrito de Aoiz en las elecciones a Cortes, de 2.448 electores obtuvo el 33% de los votos. Era fuerista.

– Leonardo Urbiola Garin (distrito electoral de Estella), presenta una buena posición económica.

– Manuel Pérez Colmenares (distrito electoral de Estella), buena posición económica. Era liberal, se presentó a diputado a Cortes por Estella en las Constituyentes, no obteniéndola. Tuvo poca participación en la Diputación.

– Rafael Ripa Larrondo (del distrito de Pamplona), buena posición económica. S e presentó a diputado a Cortes Constituyentes de 1869, no obteniéndolo. Era de tendencia liberal republicana. Volvió posteriormente a la Diputación en el año 1874. A finales de ese año se ausentó de España para ir a América.

– Beltrán Azparren Iturria (distrito de Pamplona), comerciante, fue también concejal de Pamplona en 1873. Era liberal.

– José Javier Colmenares Vidarte (distrito de Tafalla), pertenecía a una de las familias más acaudaladas de Navarra. Fue vocal del Comité electoral del partido liberal, fuerista monárquico.

– Tomás Azcárate Fernández (distrito de Tudela), no era de familia acomodada. Fue gobernador interino de Navarra del cinco al veintidós de febrero de 1869. Era liberal.

– Antonio Morales Gómez de Segura (distrito de Tudela), fue diputado del 3 de julio de 1861 hasta el 22 de abril de 1864, posteriormente fue del 17 de diciembre de 1882 al 23 de febrero de 1883 que dimitió. En 1876 fue elegido diputado a Cortes por el distrito de Olza con sólo 77 votos, pues buena parte del territorio del distrito estaba bajo control carlista. Era abogado fue Decano del Colegio de Abogados de Pamplona. Académico de la Academia de Jurisprudencia de Madrid. Entre sus actividades destaca el informe elaborado sobre la Real Orden del 30 de abril de 1862, sobre el régimen de los montes de Navarra, considerando que atentaba sustancialmente a la ley de Modificación de Fueros de 1841.

Como podemos comprobar, la composición de esta Diputación es claramente liberal con algún elemento republicano, lo que hace que los acuerdos se tomen, en todo su periodo, prácticamente por unanimidad.

El diez de octubre, la Junta Suprema comunica a la Diputación que ha recibido una carta remitida por el exdiputado Antonio Morales en la que expresa su conformidad con la actuación de la Junta Suprema de destituir a la anterior Diputación y rebate las opiniones que la consideraban antiforal.

El 27 de enero de 1869, se presenta un escrito firmado por treinta y cinco notables entre ellos, Antonio Morales Gómez de Segura. Solicitan que las Cortes tuvieran en cuenta su protesta porque en Navarra una parte del Clero había influido en la población para que no votasen a los candidatos liberales, a los que presentaban como enemigos de la religión católica.

Antonio Morales Gómez de Segura fue uno de los cuatro asesores de la Diputación que dictaminó que la contribución de dos millones impuesta a los carlistas navarros por el gobernador, conculcaba la ley de Modificación de Fueros. Era un fuerista acérrimo. Tuvo una dilatada vida intelectual.

Una vez tomado el poder por el liberalismo, el Gobierno Provisional decide por Decreto, del trece de octubre, la supresión de los Consejos Provinciales.

El Consejo Provincial de Navarra es desde su creación bastante problemática, pues las atribuciones que le otorgan la ley del dos de abril de 1845, y el Real Decreto de uno de octubre de 1845, hacen peligrar el régimen específico de Navarra, proveniente de la ley de Modificación de Fueros de 1841.

La ley de Fueros de 1841 establece un acuerdo entre la Diputación y el Gobierno, con algunas discrepancias en lo relativo a las aduanas y sobre todo en el disgusto que produjo el nombramiento de su Consejo Provincial, que supuso un nuevo foco de conflicto al reciente equilibrio logrado con la ley de Fueros de 1841.

El Consejo Provincial de Navarra está compuesto por el jefe político que ejerce la presidencia y de tres a cinco vocales nombrados por el Rey, siendo dos al menos letrados. Había un vicepresidente nombrado por el Gobierno de entre los vocales. Los consejeros gozan de una gratificación que oscila entre los 8.000-12.000 reales anuales y deben ser abonados por los fondos provinciales.

Las atribuciones que le otorga la ley, además de órgano consultivo tienen facultad decisoria y actúa en asuntos contencioso-administrativos. Sus competencias son:

. Uso y disfrute de los bienes y aprovechamientos provinciales y comunales.

. Repartimiento y exacción individual de cargas municipales y provinciales cuya cobranza no vaya unida a la de las contribuciones del Estado.

. Cumplimiento o rescisión de contratos y subastas de la administración civil.

. Sobre la insalubridad de las fábricas, talleres u otros establecimientos.

. El deslinde y amojamiento de los montes que pertenecen al Estado, a los Ayuntamientos o a establecimientos públicos.

. Sobre el curso, navegación y flote de ríos y canales, así como de obras hechas en su cauce y márgenes.

. En todo lo contencioso de los diferentes ramos de la administración civil, para los cuales no establezcan las leyes juzgadas especiales.

. No pueden elevar ni apoyar petición alguna al Gobierno ni a las Cortes, ni publicar sus acuerdos sin permiso del jefe político o del Gobierno.

. Los consejeros celebran siempre sus sesiones a puerta cerrada, pero cuando tienen que actuar como tribunal, el proceso siempre es público.

Para poder tomar un acuerdo, deben estar presentes la mayoría de los vocales o al menos un letrado de los dos que obligatoriamente forman parte del Consejo.

En los cuatro meses de 1868 de gobierno de la nueva Diputación, cabe destacar como principales realizaciones:

. La solicitud al Gobierno de la nación del restablecimiento de la Capitanía General de Navarra, que ha sido suprimida en 1866. A su entender contraviene la ley de Modificación de Fueros de 1841. Propone para el cargo al general Domingo Moriones, en este tema se vería también apoyada por el Ayuntamiento de Pamplona.

Destaca la importancia que da a la educación, entre las medidas más destacadas:

La declaración del Instituto de Pamplona de segunda clase, que significa un paso importante para su mejora.

Decreto sobre el nuevo régimen de la enseñanza en Navarra.

Se organiza la educación secundaria y el pago a los maestros por parte de los Ayuntamientos, así como los nombramientos del profesorado de la Escuela Normal de Magisterio de Pamplona.

Se nombra la Junta de Instrucción Pública de Navarra de la Escuela Normal de Magisterio de Pamplona.

Como principales medidas económicas que se toman destacan:

– La participación en el empréstito, que el Gobierno de España ha solicitado por la cantidad de doscientos millones de escudos y cuya finalidad es poder hacer frente a la desastrosa situación financiera de la Hacienda. La Diputación acuerda participar en la compra de bonos de ese empréstito por la cantidad de quinientos mil escudos; destacando que también se solicita a los Ayuntamientos navarros su participación, el Ayuntamiento de Pamplona participa con la compra de 150 bonos.

El Gobierno anula en todo el país el gravoso impuesto de consumos. Se recuerda que ha sido suprimido porque todavía se sigue cobrando. Esta es una de las medidas más populares del nuevo gobierno.

La Junta Suprema de Gobierno de Navarra cesa al gobernador civil, Manuel Moreno y nombra de forma provisional, el tres de septiembre, con carácter honorífico y sin sueldo a Antonio Corroza.

El veintiocho de octubre de 1868, se nombra gobernador civil de Navarra a Ramón Castejón, tomando posesión, el treinta y uno de octubre, de la presidencia de la Diputación. El dos de diciembre, presenta su dimisión, siendo nombrado gobernador interino, José Javier Colmenares. El veintitrés de diciembre, es nombrado gobernador José Gómez.

El carlismo antes del pronunciamiento liberal es la fuerza mayoritaria en Navarra con amplios apoyos en el mundo económico, la nobleza, iglesia etc., dirigiendo todas las instituciones navarras importantes.

El golpe militar le supone la perdida del poder institucional, por ello, lleva a cabo un debate de cómo enfrentarse al liberalismo, si por medio de la lucha armada como ya ha ocurrido anteriormente, o entrar en la lucha política contra el liberalismo, mediante los procesos electorales.

Triunfa la línea carlista que defiende la línea política. Sin embargo, en estos cuatro meses ya asistimos a continuas acciones desestabilizadoras, provocadas por elementos carlistas.

Dentro de su acción política, definen su programa electoral, que se basa en una serie de valores tradicionales como son:

Rey. La salida de Isabel II, deja a España sin monarca. Teniendo en cuenta que amplios sectores del liberalismo español no cuestionan el sistema monárquico, proponen como alternativa a D. Carlos de Borbón, que a su modo de entender tiene dos ventajas, sigue la línea borbónica y soluciona las querellas dinásticas producidas desde Fernando VII.

Iglesia. Se presentan como defensores de las instituciones y doctrinas católicas, presentando al liberalismo como una doctrina laica, alejada del tradicionalismo católico del Estado.

Respecto al orden público en ese momento histórico, se producen alteraciones en algunos pueblos navarros provocados por el carlismo, como los sucesos de Sanguesa que origina que tengan que intervenir los voluntarios de la libertad de Sos del Rey Católico (Zaragoza).

De este período destacan dos alocuciones dirigidas a todos los navarros. La primera es del nueve de diciembre y en ella la Diputación liberal intenta contrarrestar el programa carlista haciendo:

. Profesión de fe del liberalismo navarro que siempre mantendrá el sistema foral como sistema político y la defensa de la ley de Modificación de Fueros de 1841.

. Intenta el liberalismo que el sistema foral navarro no sea utilizado como elemento de lucha política entre partidos, sino que el sistema foral es el unificador de la sociedad navarra.

. Los liberales navarros ensalzan el derecho que todos los navarros tienen de ejercer su libertad, pero espera que no se sirvan de esta para sembrar la semilla de una nueva guerra civil. Entendiendo que entrar en esta dinámica, lleva a Navarra a una aventura política de difícil encauzamiento y en consecuencia debilita la defensa de sus derechos forales, poniendo en peligro su autonomía administrativa.

El veintidós de diciembre, la Diputación redacta un nuevo manifiesto a todos los navarros como consecuencia de los hechos ocurridos en la provincia y especialmente en Sangüesa.

Este manifiesto presenta tres características:

1° La preocupación que provoca en el liberalismo el orden público en la provincia, pues hay revueltas originadas por algunos sectores del carlismo.

2° Su reafirmación en la ley de Modificación de Fueros de 1841, proclamándose defensora del sistema foral.

3° El recuerdo de las consecuencias de las anteriores guerras carlistas y sus consecuencias, tanto a nivel personal como que del sistema foral se pueden originar.

A lo largo de 1869, varios son los temas que aparecen de forma reiterada en la labor de la Diputación:

1° El orden público

Como veremos a lo largo del sexenio este es uno de los temas que más preocupan a los liberales, cuyos hechos más reseñables son:

– A finales de enero es asesinado el gobernador civil de Burgos.

– El diecisiete de febrero se produce un fuerte incendio en Orbaiceta, quemándose 17 casas y cinco graneros.

– A finales de abril hay graves disturbios en Tafalla. En febrero se había constituido una compañía de voluntarios de la libertad, que hacían un desfile diario. El 28 de abril numerosos carlistas increpan en el desfile a los voluntarios de la libertad.

Al día siguiente, se producen intercambios de disparos, ocasionando la muerte de un voluntario de la libertad; tras estos incidentes en el que toma parte el conocido carlista Radica, provoca la intervención del ejército liberal, a cargo del regimiento que manda el coronel Lagunero, produciéndose varios muertos y muchísimas detenciones en los participantes carlistas.

Hay que tener en cuenta que Tafalla es una plaza estratégica para los liberales, pues permitía la comunicación ferroviaria entre Pamplona-Tudela-Zaragoza. El gobernador civil, Serafín Larrainzar destituye al Ayuntamiento tafallés que ha salido del proceso electoral municipal, al considerarlo responsable de los sucesos por su poca beligerancia con los elementos carlistas del pueblo y restituye al anterior Ayuntamiento que había salido del movimiento revolucionario.

– El veinticinco de julio, se produce un intento de sublevación carlista intentando la conquista de la Ciudadela, produciéndose varias muertos y numerosos heridos.

Este suceso hay que atribuírselo al sector carlista que veía la confrontación militar como única salida. La Diputación manda una carta, el veintiséis de noviembre, al Regente del Reino, para que cuando se produzcan las sentencias del Consejo de Guerra aplique medidas de gracia, fundamentalmente en los condenados a muerte:

“…..Por eso mismo, la Diputación de Navarra que ve en los sucesos de la abortada conspiración a hombres que no han convertido en hecho sus propósitos, a quienes considera absorbidos por una idea que se juzgó su espíritu y mira bajo el prisma del amor y de la humanidad, no puede menos de decir a V.A ¡Clemencia para los comprometidos en la conspiración de Pamplona! ¡Clemencia para los que fascinados quizá por la exaltación política intentaron perturbar el orden público!¡ Clemencia, en fin, para los que no se han manchado en la sangre de sus hermanos y para los que , si aparecen criminales políticos no aparecerán delincuentes de pervertido corazón!¡ Ah. Señor!: en las contiendas civiles que divorcian a los individuos de una misma familia, en las que se libran batallas entre padres e hijos y luchan quienes se profesan entrañable amor, es donde los crímenes se disipase con la victoria, es donde el vencedor los borra con su perdón y donde se provocan los más nobles sentimientos………… No, no se vence a los enemigos con el plomo, ni el acero, porque dominar tan solo por la fuerza es entronizar la tiranía, se les vence con la idea y la razón y aún se les vence más con el mágico e irresistible poder del sentimiento”.

Tras la aprobación de la Constitución de 1869, donde se declara la Monarquía como forma de estado, hubo una fuerte oposición de los republicanos que no acataron el acuerdo mayoritario de la coalición revolucionaria.

Este desacuerdo origina numerosas protestas y algaradas, que llegaron a su máxima expresión en Tarragona, cuando el gobernador civil reprimió una manifestación republicana que se había organizado para recibir al general Pierrad, en la que se enarbolaron banderas republicanas. Los manifestantes, entre los que había numerosos voluntarios de la libertad, provocaron la muerte del secretario del Gobierno Civil.

El ministro de la Gobernación, Práxedes Mateo Sagasta ordenó el apresamiento del general Pierrad y la disolución de los voluntarios de la libertad de Tarragona y Tortosa. Estas medidas fueron consideradas muy duras, produciendo un fuerte malestar en el republicanismo, ocasionando airadas protestas de los diputados republicanos. Se desarrollaron manifestaciones de protestas en Barcelona, también siendo duramente reprimidas.

Este movimiento republicano, fue alcanzando mayor extensión, lo que provocó que el Gobierno provisional presentase en las Cortes Generales, un proyecto de Ley que declarase en suspenso las garantías constitucionales, mientras durase la insurrección y se le autorizase a declarar el estado de guerra en aquellos lugares del país, en los que se requiriese una intervención armada para restablecer el orden.

Esta ley fue aprobada, el cinco de octubre, con la oposición de los diputados republicanos. Mediante su aplicación, el general Prim, pudo reprimir los brotes republicanos en Zaragoza, Alicante, Valencia y Andalucía. A finales de noviembre, una vez restablecida la tranquilidad, la ley fue derogada y pudieron ser restablecidas las garantías constitucionales.

Algunos elementos carlistas de estas zonas también participaron en los incidentes y sublevaciones con la finalidad de debilitar al Gobierno provisional. Como consecuencia de ello, Sagasta recurre al decreto de 17 de noviembre de 1868 que supone el desarme y desaparición prácticamente de los voluntarios de la libertad.

Se acoge a la regulación de la disolución de la fuerza ciudadana, cuando se dieran ”circunstancias graves”. Esto en Navarra no tuvo repercusión, es más, se fomento la creación de los voluntarios de la libertad, como una forma efectiva de lucha contra el carlismo y para favorecer el orden público. Se comunica en oficio de 28 de agosto que estas fuerzas de voluntarios dependerán de los establecimientos militares.

Estos hechos no tuvieron repercusión alguna en Navarra por la poca implantación del movimiento republicano y la no participación de los carlistas navarros. La Diputación dirigió el veintisiete de septiembre un telegrama al presidente del Gobierno diciendo:

“La Diputación de Navarra se lamenta profundamente de los sucesos de Tarragona y Barcelona, felicitándose de que el orden se hay restablecido y ofreciendo al Gobierno su más decidido apoyo para sostener el principio de autoridad y el respeto a la ley”.

Ante el aumento de la actividad subversiva del carlismo en Navarra el Gobierno provisional comunicó a la Diputación que se iba a proceder a un aumento de las fuerzas militares desplegadas en ella.