La Transición a la democracia en España (1975-1982)

1. Introducción.

A principios de los 70 comienza el proceso de transición a la democracia tras 40 años de dictadura. Este proceso, que no se completa hasta 1982, tras el fracaso del golpe de estado del 23-F de 1981 y la llegada del PSOE al poder, que fue visto por algunos historiadores, periodistas o políticos como “ejemplar”, está siendo revisado en los últimos años desde una vertiente más crítica y menos almibarada, analizando las consecuencias que este proceso de transición tiene en el actual sistema político y social y conceptualizando este paso a la democracia como un proceso menos idílico de lo que parecía hace unos años, salpicado de improvisación y violencia  (se producirán más de 590 muertes por violencia política de distinto signo durante estos años).

Como ya hemos visto en el tema anterior, a partir de los años 60 y, sobretodo 70, la oposición política al Franquismo se fortalece en distintos ámbitos (laboral, sobretodo con la formación de CC.OO. dentro del Sindicato Vertical; vecinal, cultural, universitario, etc). La actividad de los principales partidos y movimientos de oposición (PCE, nacionalismos periféricos) así como de grupos cristianos de base, grupúsculos de extrema izquierda en la universidad se multiplica, mientras el dictador agoniza y en el entorno del franquismo se imponen las posturas “inmovilistas”, de Fraga y Carrero Blanco, frente al sector tecnócrata (especialmente tras el estallido del caso Matesa, que es utilizado para alejar a parte de los tecnócratas del Opus Dei del poder, que son también responsabilizados del aumento de la contestación social).

De este modo, el vicepresidente del nuevo gobierno, Carrero Blanco, defendió la necesidad de endurecer la política interna, restringiendo la Ley de Prensa, aumentando la represión y utilizando de forma frecuente el Estado de Excepción (1969, tras el asesinato del estudiante Enrique Ruano, y 1970, con el llamado Proceso de Burgos).

Consecuentemente, el nuevo proyecto de ley de Asociaciones Políticas queda paralizado y la Ley Sindical de 1971 pasa a convertirse en una simple recopilación de normas ya vigentes. Sin embargo, el proceso de cambio político hacia una democracia homologable a las del entorno europeo estaba ya en marcha e iba a ser prácticamente imposible de detener.

2. La crisis de la dictadura y el inicio del proceso de Transición (1973-1975).

A pesar de que en muchas ocasiones se establece el año 1975 como fecha clave para el inicio de la Transición política a la democracia con la muerte de Franco y la proclamación de Juan Carlos I, es el año 1973 el punto de partida fundamental para el cambio político. Este es un año clave por varias razones:

1. La crisis económica de 1973, una crisis de alcance mundial motivada por el ascenso del precio del petróleo interrumpe el crecimiento económico español experimentado desde 1959 con el Plan de Estabilización. El desempleo asciende y con ello la conflictividad social y las huelgas, manifestaciones, etc.

2. Asimismo, el auge de la oposición democrática es cada vez más palpable. En 1971 se crea la Asamblea de Cataluña, que englobaba a toda la oposición catalana, desde el PSUC –Comunista- hasta Unió Democrática –democristianos- de J. Pujol. Esta asamblea reivindicaba la Amnistía para los presos políticos, las libertades políticas y la conformación de un Estatuto de Autonomía. La implantación de estos movimientos de convergencia entre distintos sectores del espectro político, reivindicando democracia y amnistía para los presos, se traslada al resto de España. El PCE constituye en París en 1974 la Junta Democrática de España, a la que se unen CC.OO. partidos de izquierda, como el Partido Socialista Popular de Tierno Galván, o personalidades de la derecha democrática.
   En 1974 también se produce la renovación al completo de la cúpula del PSOE en el  congreso de Suresnes (Francia). La dirección histórica en el exilio, liderada por Rodolfo Llopis, es sustituida por una nueva generación de jóvenes procedentes del interior y sin contacto con el exilio (Felipe González, Alfonso Guerra, Manuel Chaves, Javier Solanas, Nicolás Redondo, Enrique Múgica…) con notable apoyo por parte de la Internacional Socialista y los socialdemócratas alemanes. El PSOE impulsa en 1975 la llamada Plataforma de Convergencia Democrática , junto con la UGT, la ORT, o el PNV…

3. El repunte de la Guerra Fría conduce a un mayor interés y preocupación de EE.UU. por la situación de la Península Ibérica. Desde 1970 los contactos entre Nixon y el Franquismo se hacen más frecuentes. Asimismo, la Revolución de los Claveles del 25 de abril de 1974 en Portugal, liderada por un sector democrático de las fuerzas armadas lusas, hartas del eterno conflicto colonial y con notable presencia de comunistas en su interior pone fin a la dictadura de Salazar y encamina al país vecino a un sistema democrático. Tanto en fuerzas cercanas a Franco en el interior de España, como en los apoyos exteriores al régimen franquista (fundamentalmente, EE.UU.) el cambio en Portugal pone en evidencia que se hacía necesario liderar y conducir un cambio a la democracia antes que permitir que las fuerzas rupturistas de la oposición acaben controlando ese proceso tras la muerte del dictador.  

   

4. Sin embargo, el régimen franquista vive una escisión entre el sector inmovilista, defensor del llamado “espíritu del 18 de Julio” y opuesto a cualquier transformación del régimen, particularmente presente en miembros de las fuerzas armadas y falangistas recalcitrantes y el sector más aperturista, partidario de una gradual transformación que permitiese una oposición política dentro del sistema –siempre que no fuese legalizado el partido comunista y las reclamaciones autonomistas-. Esta escisión se agrava con el atentado en 1973 de Carrero Blanco, que había sido nombrado presidente del gobierno ese mismo año y que en diciembre de ese mismo año es asesinado por una bomba de ETA. El nuevo jefe de gobierno, Carlos Arias Navarro, pretendió unir a aperturistas e inmovilistas en el llamado “espíritu del 12 de febrero” (1974), fecha en la que pronuncia un discurso en las Cortes franquistas, en las que presenta un proyecto de apertura hacia un mayor pluralismo político. Arias promete una nueva ley municipal que permitiese la elección de alcaldes entre miembros de otros partidos y movimientos. Unas reformas que parecen excesivas para algunos (búnker) e insuficientes para otros (oposición).

Sin embargo, la muerte de Franco en noviembre de 1975 precipitará los acontecimientos, en medio de un clima marcado por la tensión política, la violencia y la represión (atentados de ETA, FRAP y GRAPO, matanza entre carlistas de Montejurra, masacre de obreros en Vitoria, asesinato de estudiantes, ejecución del anarquista Puig Antich, ejecución de cinco militantes de ETA y FRAP, estado de excepción permanente…). El conflicto del Sahara y la Marcha Verde, organizada por el rey de Marruecos Hassan II para reclamar la pertenencia del Sahara invadiendo el territorio, vendrán a complicar aún más la situación.

3. El núcleo del proceso de Transición (1976-1978). El primer gobierno de Suárez. La Constitución del 78.

El 22 de Noviembre de 1975, dos días después de la muerte del dictador, Juan Carlos de Borbón, designado sucesor por Franco en 1969 según lo dispuesto en la Ley de Sucesión, es proclamado rey. El monarca dispuso la continuidad del gabinete de Arias Navarro, incorporando a los «renovadores» Fraga y Areilza a su gabinete. Manuel Fraga ya había presentado un proyecto de Reforma que legalizaría algunas asociaciones políticas y permitiría elecciones a los ayuntamientos, pero dentro de los límites fijados por el «Movimiento». Gran parte de las fuerzas opositoras, como el PCE o gran parte de los nacionalistas, no serían legalizados. Sería por tanto un sistema «pseudodemocrático» o de aparente democracia tutelada por el régimen franquista.
Sin embargo, los planteamientos de reforma de este gobierno no terminaron de cuajar. Mientras tanto, la oposición política seguía fortaleciéndose y reclamando amnistía, libertades y democracia. En este sentido la unión de las anteriores convergencias democráticas (Junta democrática -del PCE- y Plataforma de Convergencia –del PSOE-) en la denominada Coordinación democrática (pero más conocida como Platajunta) aumentó la presión hacia la reforma y proponía abiertamente la ruptura democrática, poniendo las bases de un nuevo régimen político sin contar con las elites franquistas. Tal y como había ocurrido en Portugal. Un sistema democrático enteramente nuevo, construido desde abajo sin negociar con el régimen. Para Ferrán Gallego, la derrota clave del movimiento de ruptura democrática frente al reformismo de Suárez, se daría en la huelga de Noviembre de 1976, una huelga que aun siendo masiva no resultó lo suficientemente potente como para superar la fuerza del gobierno, muy reforzado por las iniciativas anteriormente mencionadas.

Los reformistas, liderados por Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes franquistas y verdadero arquitecto del proceso de transición y el rey Juan Carlos, forzaron la dimisión de Arias Navarro e impusieron la designación de Adolfo Suárez, joven y ambicioso político reformista de origen falangista, exdirector de RTVE y procurador de las Cortes, pero desconocido para la opinión pública para pilotar el proceso de apertura política. Suárez inició los contactos con otras fuerzas democráticas y promulgó un indulto para los presos políticos, mientras proponía un Proyecto de Ley de Reforma Política (LRP), que confería la potestad legislativa en exclusiva a la representación popular y preveía un sistema electoral multipartidista.

Para la aprobación de este Proyecto de Ley de Reforma Política por las Cortes franquistas, que serían eliminadas y sustituidas por un Congreso y un Senado elegidos por sufragio universal entre representantes de distintos movimientos políticos, se desarrolló una negociación subterránea con los procuradores franquistas y los jefes de las fuerzas armadas, en las que se les garantizaba mantener su status económico y social, ausencia de responsabilidades políticas por los crímenes del franquismo y que el PCE no sería legalizado. Dicha LRP fue aprobada por las Cortes y sometida a referéndum en diciembre de 1976, siendo aprobada por un 81% de votantes (aunque con tan solo un 30% de participación).

En los meses siguientes se fueron preparando las condiciones para la celebración de elecciones generales. El primer paso fueron una serie de decretos que permitieron la libertad sindical, la legalización de los partidos políticos (salvo el PCE) y una amplia amnistía para los presos políticos. En enero de 1977, terroristas de extrema derecha asesinan a abogados laboralistas –vinculados a CC.OO.- en la calle Atocha de Madrid. La respuesta masiva y pacífica de la oposición a dichos asesinatos, empuja a Suárez a legalizar, en una decisión personal, -frente a lo prometido a los procuradores franquistas y a la cúpula militar, hecho que antecede las crisis posteriores con las personas que lo habían promovido al puesto de presidente-, al PCE, en abril de 1977. De esta manera, el PCE también pudo presentar candidatura a las elecciones constituyentes que se celebraron ese mismo año de 1977.

Esas primeras elecciones democráticas se saldan con un triunfo del partido de Suárez, Unión de Centro Democrático, formado por reformistas del franquismo con un programa demócrata-cristiano y políticamente liberal, consiguiendo 166 diputados. El reparto de escaños de la Ley D’Hondt y el peso de las zonas rurales y tradicionales en escaños (las dos Castillas, Extremadura, Aragón,…) benefició claramente al partido de Suárez. El PSOE de González y Guerra queda segundo con 118 diputados y se convirtió en el principal partido de la izquierda, con líderes jóvenes y un programa político radical. El PCE, a pesar de haber sido el gran partido de la oposición al franquismo solo consigue 19 diputados; sus líderes, viejos representantes de la Guerra Civil y el exilio como Santiago Carrillo o Dolores Ibárruri, son en gran parte vistos como un partido vinculado al pasado antifranquista, mientras que Alianza Popular, de Manuel Fraga, formado por un sector más afín al franquismo solo recibe 16 diputados. Los partidos nacionalistas (PNV, PDPC,…) también reciben representación, mientras que los sectores más recalcitrantes del franquismo no obtienen representación (Fuerza Nueva de Blas Piñar queda fuera del Congreso). Las elecciones se celebraron con absoluta normalidad y una participación alta (78%).

Seguidamente, los representantes de los partidos comenzaron a elaborar una Constitución Política, con participación de todos los partidos con representación parlamentaria (Fraga por AP, Roca por Minoría Catalana-PDCP, Peces-Barba por PSOE, Solé-Tura por PSUC-PCE y Cisneros, Pérez Llorca y Herrero de Miñón por UCD).

Esta Constitución adoptó un cierto aire progresista, aunque con una notable ambigüedad en numerosos aspectos. Asimismo, se firman en octubre de 1977 los llamados Pactos de la Moncloa, que acuerdan una serie de reformas para el saneamiento de la economía (reducción de la inflación, devaluación de la peseta, control del gasto público, pacto salarial, reforma tributaria,…).Tanto PCE como PSOE, así como sus respectivas centrales sindicales, UGT y CC.OO. se suman al acuerdo.

La Constitución del 78 se divide en dos partes fundamentales: una parte Dogmática (Principios del 1 al 9), que reconoce España como “un Estado Social y democrático de derecho”. Se reconocen en dicha sección numerosos derechos fundamentales (artículos 10 al 38), así como el reconocimiento de Libertad, Igualdad, Justicia y Pluralismo político como principios indiscutibles. Se reconoce asimismo la soberanía nacional. La segunda parte, menos ambigua en su aplicación, es la parte orgánica, que aborda el papel de la corona, la división de poderes, la organización territorial del estado y las atribuciones del Tribunal Constitucional.

La Constitución del 78, fruto del consenso entre distintas fuerzas que tuvieron que llegar a acuerdos y a ceder parte de sus aspiraciones es por tanto una norma que recoge aspiraciones de todos los partidos del momento.

Por un lado, se reconoce la nación española como una e indivisible, pero a su vez, se reconoce el derecho de las nacionalidades y regiones –especialmente Cataluña y Euskadi- a establecer estatutos de Autonomía.

Se reconoce el pluralismo político como principio fundamental, pero solo los partidos políticos pueden ser expresión de dicho pluralismo y se conciben casi exclusivamente como instrumento de participación. A su vez, las fuerzas armadas son reconocidas como garantes de la soberanía y la integridad territorial.

Se reconoce el estado como una monarquía parlamentaria, en la que la corona tiene funciones meramente representativas, pero se impide cualquier debate en torno a la pervivencia o no de la monarquía. A su vez, se reconoce al rey como jefe de estado, de las Fuerzas armadas y como figura exenta de responsabilidades penales.

Se fija el carácter no confesional del estado y se reconocen numerosos derechos básicos (huelga, sindicación, igualdad ante la ley, libertad ideológica, expresión, pensamiento y cátedra…

La Constitución es sometida a refrendo popular en diciembre de 1978, y aprobada por un 80% de los participantes. Algunos lo ven como un principio, un paso fundamental para asegurar y consolidar la democracia, otros como una norma máxima y una cesión indispensable pero excesiva.

Asimismo, previamente a la aprobación de la Constitución, se reconoce de facto la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, restableciéndose la Generalitat en la figura del republicano Tarradellas en 1977. Asimismo, se forman gobiernos regionales en País Vasco y Galicia en el año 78.

La Constitución establecía la posibilidad de que algunas regiones se convirtieran en Comunidades autónomas, con un Estatuto de autonomía y órganos legislativos elegidos por sufragio universal (parlamentos autonómicos) y ejecutivos (gobiernos autonómicos) con ciertas competencias en materia educativa, de sanidad, cultura, etc. Para reconocer dichas autonomías, se establecían dos mecanismos en la constitución: uno rápido y completo (artículo 151), al que podían acceder directamente las comunidades históricas (Cataluña, Euskadi y Galicia), y otro, más lento y tortuoso, recogido en el artículo 143. Sin embargo, el descontento de algunas comunidades, como Andalucía o Canarias, forzó finalmente al gobierno de UCD a establecer una generalización de las autonomías (“Café para todos”) entre 1981 y 1983, desencadenando una fuerte crisis en la UCD de Suárez y un crecimiento del PSOE, defensor de la autonomía de Andalucía y especialmente fuerte en esta comunidad.

El PCE, que fue hegemónico en la oposición años antes, acabó desmoronándose en un juego de contradicciones y de errores políticos y de análisis –como creer que el franquismo era una cascarón vacío, carente de base social- mientras el PSOE con mayor astucia política, financiación extranjera y trato de favor por parte del gobierno –en comparación con el PCE- pasó de ser un partido anecdótico en la clandestinidad al gran partido de la izquierda en el régimen del 78.

4. La Consolidación de la democracia. 1978-1982.

Pero aun no podía reconocerse totalmente un nivel de normalidad democrática en España comparable al del entorno europeo. A pesar del avance democrático que había supuesto la LRP y la constitución, seguían existiendo notables amenazas que pugnaban por conseguir una involución política: de un lado, los movimientos de extrema derecha, organizados en grupos nostálgicos del franquismo y con agrupaciones de pistoleros y terroristas (Cristo Rey, Triple A, Batallón Vasco Español), así como sectores recalcitrantes dentro de los cuerpos de seguridad del estado que amenazaban con un golpe de estado. Por otro lado, movimientos terroristas, como GRAPO, FRAP o, especialmente ETA, que causó 77 muertos en 1979 y 95 en 1980.

Paralelamente, la figura de Suárez y la UCD empezaron un proceso de descomposición justo tras la formación del segundo gobierno, tras disolverse las cortes constituyentes en 1979 y convocarse nuevas elecciones, con resultados muy similares a las de 1978 (UCD, 168 diputados, PSOE, 121, PCE, 23…). El liderazgo de Suárez en el gobierno y en el partido de la UCD empezó a ser claramente cuestionado (sucesivas crisis ministeriales entre 1979 y 1981, postergación de reformas económicas y sociales,). A los problemas internos de la UCD, se añadió su relativo fracaso en las elecciones municipales de abril de 1979, donde el PSOE, tras pactos con concejales del PCE, consiguió el poder en numerosas capitales (Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Zaragoza…).

En 1980, ante el ascenso de la oposición, liderada ya claramente por Felipe González, y el declive del gobierno de Suárez, al que abandonan las personas que lo auparon al poder, se desarrolla una moción de censura, que Suárez salva por escaso margen. Finalmente, Adolfo Suárez presenta su dimisión como presidente, con el objetivo de reagrupar fuerzas y consolidarse con un nuevo núcleo fiel tras unas nuevas elecciones.

El 23 de febrero de 1981, mientras se estaba realizando la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, sustituto de Suárez, un grupo de guardias civiles al mando del coronel Antonio Tejero entra armado en el congreso y retiene a los diputados. Paralelamente, el general Milans del Bosch se subleva en Valencia sacando los tanques a la calle. Se produce el golpe de estado del 23-F, que finalmente fracasa, posiblemente por la improvisación del mismo y la ausencia del principal elemento organizador (“elefante blanco”).

A pesar de la ausencia de información sobre dicho intento de golpe (gran parte de la información aún no se ha desclasificado), su fracaso conlleva cierto alejamiento de los militares de la política y un notable prestigio de la figura de Juan Carlos, al que algunos atribuyen la salvación del sistema democrático, que se consolida en España.

Dos días después del golpe, Calvo Sotelo es investido presidente, abordando una serie de reformas, como el Acuerdo de Empleo, la entrada de España en la OTAN, la Ley del Divorcio o la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Calvo Sotelo también tuvo que hacer frente a una notable oposición interna y acabó convocando elecciones para octubre de 1982, que acabó ganando el PSOE con mayoría absoluta, abriendo una nueva etapa en la vida política española, marcado por una mayor normalidad democrática y una mayor integración en el ámbito europeo y poniendo fin al proceso de transición.

En definitiva, el proceso de Transición Democrática en nuestro país se dio, como señalaba Manuel Vázquez Montalbán, fruto de una «correlación de debilidades»: ni las fuerzas democráticas de izquierdas pudieron impulsar una completa «ruptura democrática» al margen del régimen; ni las élites franquistas pudieron pasar «de la ley a la ley» controlando totalmente el proceso de Transición. Fruto de ambas debilidades, surgió la obligatoria negociación.