Miércoles, 03 de febrero de 2021
El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, y el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, han firmado hoy un nuevo convenio que tiene por objeto “garantizar la escolarización de los menores infractores que cumplen algún tipo de medida judicial” y que viene a renovar el que estaba vigente desde el año 2006. Como novedad el documento establece la figura del coordinador provincial que velará por la agilidad de los trámites administrativos y de la adaptación de la formación académica a las circunstancias de cada joven.
“El cumplimiento de una medida judicial no puede suponer una desventaja en el proceso de escolarización de estos menores, que deben continuar con su formación cuando ingresan en un centro de internamiento para cumplir una medida judicial. La formación académica es algo básico y clave para la reeducación y reinserción de estos jóvenes”, ha asegurado el vicepresidente de la Junta.
En este sentido, el convenio garantiza la escolarización de los chicos que cumplen una medida en los recursos de Justicia Juvenil, tanto en alguno de los 16 centros de internamiento de menores infractores (CIMI) de la comunidad andaluza, como en medio abierto, especialmente aquellos que son derivados a un grupo educativo. “Este convenio refleja la apuesta de este Gobierno por la excelencia educativa, sin dejar a ningún niño atrás”, ha añadido el consejero de Educación.
Para poder agilizar los trámites administrativos que se requieren cuando el ingreso del menor en algunos de los recursos del sistema de Justicia Juvenil requiere de un cambio de centro, incluso de provincia, se ha instaurado un coordinador en cada una de las provincias “para supervisar todos los trámites”.
Este funcionario de la Administración andaluza, además de velar por la agilidad en los trámites para que no se produzcan retrasos en la formación académica, supervisará el modo en el que se lleva a cabo la misma, siempre adaptada a las necesidades y circunstancias de cada menor. Es decir, en función de si el joven puede o no salir del centro, si este debe recibir las clases en el mismo y el tipo de formación que deba recibir.
De esta forma, el convenio viene a favorecer la continuidad de los ciclos educativos aun cuando el menor permanezca en centro de internamiento o reforma. “Se garantiza así el derecho de los menores internados a recibir la enseñanza básica obligatoria que legalmente le corresponda, cualquiera que sea su situación en el centro”, ha señalado Marín, y también se facilita a los menores el acceso a los otros estudios que componen los diferentes niveles del sistema educativo y otras enseñanzas no regladas que contribuyan a su desarrollo personal y sean adecuadas a sus circunstancias.
Para ello, la Consejería de Justicia se compromete a dotar los espacios, equipamiento, horarios y personal de apoyo necesarios para el desarrollo de la actividad docente con el alumnado del centro y también equipamiento informático y la conectividad necesaria en los centros de internamiento, para posibilitar el acceso a los recursos didácticos digitales imprescindibles que permitan la continuidad del proceso educativo del alumnado menor infractor.
Por su parte, la Consejería de Educación garantizará la escolarización de este alumnado en centros del sistema educativo público andaluz para cursar la educación obligatoria y posibilitará la escolarización postobligatoria, en el régimen ordinario o en el régimen de personas adultas cuando sus circunstancias lo hagan necesario. Todo ello, posibilitando la formación presencial necesaria, el acceso a plataformas digitales, la aportación de personal docente y la continuidad de la formación iniciada una vez finalicen las medidas judiciales impuestas.
Marín ha asegurado que “desde la Consejería apostamos y creemos en la reinserción de los menores. Seguimos trabajando para mejorar nuestro aplaudido sistema de Justicia Juvenil, con la redistribución de plazas que estamos llevando en algunas provincias para evitar que estos jóvenes tengan que cumplir las medidas fuera de su provincia de residencia y podamos también abordar su reeducación trabajando con las familias”, ha concluido.
