La desamortización, primero de los bienes eclesiásticos y luego el de los bienes de los pueblos, fue la medida práctica de mayor trascendencia tomada por los gobiernos liberales, y se desarrolló durante todo el siglo XIX e incluso del XX. El hecho de desamortizar tales bienes suponía dos momentos bien diferenciados: primero, la incautación o expropiación por parte del Estado de esos bienes, por lo que dejaban de ser de «manos muertas»; es decir, dejaban de estar fuera del mercado, para convertirse en «bienes nacionales»; y segundo, la puesta en venta, mediante pública subasta, de los mismos. El producto de lo obtenido lo aplicaría el Estado a sus necesidades.