Autor y fuente: elordenmundial.com
Cuando se creó la ONU nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, un buen número de países —entre ellos algunos ganadores de la guerra— tenían bajo su control una gran cantidad de territorios enmarcados en un régimen colonial. En su artículo 1, la Carta de las Naciones Unidas indica “el respeto por el principio de la igualdad de derechos y por el de la libre determinación de los pueblos”. Y aquí aparecía un concepto clave: libre determinación de los pueblos. Como indica la propia ONU, ese derecho significa que “el pueblo de una colonia o Territorio dependiente decide sobre la futura condición de su país”. Relacionado con eso, también surgía la duda de qué se podía considerar una colonia o territorio dependiente, y la ONU lo definió como “un territorio cuyo pueblo todavía no ha alcanzado un nivel pleno de autogobierno”.
Esta idea a menudo se ha confundido con una especie de derecho a la independencia, cuando no es exactamente así. El derecho a la autodeterminación estipula que los territorios coloniales tenían derecho a decir qué querían ser en el futuro. La mayoría, por motivos obvios, han acabado eligiendo la independencia, pero otros territorios, a menudo insulares y bastante dependientes, han preferido mantenerse ligados a otro país, normalmente europeo —como ocurrió recientemente con Nueva Caledonia, territorio francés—. Incluso llegó a haber extraños inventos federales y confederales en un último intento de las metrópolis europeas por conservar estos territorios atados —y eludir en lo posible las obligaciones descolonizadoras—, como la Unión Francesa o la Unión Indonesio-Neerlandesa.
Para ampliar: “El derecho a la autodeterminación y los límites a la independencia”, Trajan Shipley en El Orden Mundial, 2018
Ante las dilaciones de las potencias coloniales en aplicar el derecho a la autodeterminación, la ONU insistió en 1960 con la Resolución 1514, donde se exponía que “En los territorios en fideicomiso y no autónomos y en todos los demás territorios que no han logrado aún su independencia deberán tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios”, seguida de la Resolución 1541, que era algo así como una guía para saber cuándo un territorio se consideraba descolonizado y en la que, para garantizar que esto se cumplía, creó el llamado Comité Especial de Descolonización.
Este comité es el que pilota y asesora a los territorios para poder ejercer su derecho a la autodeterminación, aunque es la Asamblea General de la ONU la que decide si incluir o no a un territorio en la lista de los lugares pendientes de descolonización. Hoy esa lista consta de 17 territorios que aún no han ejercido el derecho a la autodeterminación. La mayoría son islas y archipiélagos, además de dos territorios continentales: Gibraltar y el Sáhara Occidental. Cada uno de ellos tiene una potencia administradora, que es el país que es responsable de garantizar que la descolonización se haga efectiva. De igual manera, todavía existen cinco potencias coloniales: Reino Unido, Francia, Estados Unidos, España y Nueva Zelanda.
En cuanto a la segunda pregunta —si las colonias tienen que ser necesariamente territorios de ultramar—, la respuesta es no. Al menos no es un requisito imprescindible, si bien existe correlación en que, tanto históricamente como en la actualidad, las colonias estaban muy alejadas de la metrópolis. Hay que tener en cuenta que el estatus de colonia lo marca el hecho de que el territorio aún no haya decidido su futuro libremente, no el tipo de futuro por el que se decanten —sea cual sea—. Así, un territorio como Mayotte, situado en el Índico, es un departamento francés de ultramar que también está dentro de la Unión Europea. De hecho, varios países de la Unión Europea tienen territorios de ultramar que no tienen estatus de colonia, caso de Portugal —Azores y Madeira—, España —las Canarias— o el Reino de los Países Bajos, con varias islas en el Caribe.
