Mes: marzo 2020

Autor: Edmundo Fayanas Escuer

Fuente: NUEVATRIBUNA.ES 11/03/20

La I Republica española surge el once de febrero de 1873, y dura hasta el 31 de diciembre de 1874. Podemos dividir este periodo republicano en dos fases:

•  La primera parte que iría del once de febrero de 1873 hasta el dos de enero de 1874, que termina con el golpe militar del general Pavía. En este periodo hubo cinco gobiernos.
• La segunda parte va del tres de enero del año 1874 hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año y en ese periodo hubo tres gobiernos. Siendo esta parte republicana dominada por gobiernos conservadores.

Coincidió la primera república española con la tercera guerra carlista, el problema cantonal y la guerra de Cuba, con lo que la dificultas era máxima.

La Iª República española del año 1873 es consecuencia del proceso revolucionario iniciado en el año 1868 con la conocida como la revolución Gloriosa, que fue la primera que contó con un gran apoyo militar.

La caída de los Borbones fue el resultado en el plano político de la propia dinámica del capitalismo español, que necesitaba apoyarse en sectores políticos más progresistas, que posibilitasen el progreso y desarrollo del país.

No se trataba de una transformación radical de las estructuras socioeconómicas, aunque la ambigüedad de las formulaciones de los grupos que apoyaron la Revolución permitió aglutinar distintos sectores sociales.

Los excesos radicales del año 1869 situaron en una posición defensiva a las fuerzas conservadoras ligadas a los intereses económico, que trabajaron para establecer una Monarquía constitucionalmente fácilmente controlable. El intento fracaso por la dispersión de las fuerzas, que sustentaban y la situación de vacío de poder que se creó dio como resultado la Primera República española.

El general Prim había sostenido que una República en España era inconcebible, porque decía que el republicanismo era una actividad política muy minoritaria. Sin embargo, la Asamblea, compuesta por el Senado y el Congreso, votó la reforma de la Constitución en el sentido de que se declarase como forma de gobierno de la nación la República, que fue proclamada por 319 votos a favor.

Se habían unido lo radicales y los republicanos y Estanislao Figueras plantea que la única solución salvadora de la patria es la República. Debemos saber, que los radicales habían sido el principal apoyo de la Monarquía constitucional, pero no tuvieron ningún problema en apoyar la República, a pesar de contar con la oposición del jefe de los radicales de Ruiz Zorrilla.

Muchos consideran que la proclamación de la I República tuvo un origen ilegal, porque no era constitucional la fusión de las dos Cámaras para alterar la forma de gobierno. Por si fueran poco las dificultades para el desarrollo del planteamiento republicano, los propios republicanos estaban muy divididos.

Figueras fue nombrado presidente del Consejo, del formaban parte otros tres republicanos, Pi y Margall, Castelar y Salmerón y cinco radicales que antes habían respaldado el proyecto de monarquía de Amadeo de Saboya y eran Fernández de Córdoba. Echegaray, Berenguer, Becerras y F. Salmerón, mientras que el también radical Cristino Martos, fue elegido presidente de la Asamblea republicana española.

La Iª Republica española tuvo escaso apoyo exterior, siendo solo reconocida por los Estados Unidos, Suiza, Costa Rica y Guatemala. Ni la Francia de Thiers, que acababa de proclamar la III República, ni la Alemania de Bismarck, se mostraron partidarias de su reconocimiento por la desconfianza que generaba un sistema que podía recordar en algún momento a la Comuna de París.

Inglaterra tampoco la reconoció debido a los recelos que tenía ante la posibilidad de que España llegase a establecer con Portugal la Unión Ibérica, de la que no era en absoluto partidaria.

Los dirigentes del Partido Republicano se encontraron con una oposición bicéfala:

1.  La de los radicales que deseaban una República no federal, sino unitaria.
2.  La de los federalistas extremistas, que deseaban la República federal inmediatamente, no como una imposición de arriba abajo, sino como una expresión del impulso revolucionario de la base, es decir, de abajo arriba.

Pi i Margall reconocía que esta propuesta era imposible pues la proclamación de la República había sido votada con la condición de que fuesen unas Cortes Constituyentes las que determinasen la forma que debía adoptar esa República.

A Pi i Margall se le considera el padre del federalismo español. Sus ideas están expresada en su obra “La reacción y la revolución”, que fue publicada en el año 1854, Afirmaba que todo hombre era esencial y radicalmente libre, soberano de sí mismo, y entre soberanos no podía haber sumisión, sólo cabían los pactos. Estos pactos tenían que ser bilaterales sinalagmáticos y conmutativos y se establecían de abajo arriba, desde la familia hasta la federación universal, o pacto entre los países del mundo.

Los republicanos intransigentes no compartían la actitud de Pi i Margall y alentaron los desórdenes y las manifestaciones de violencia en la mayor parte del país. Se formó el Comité de Salud Pública en Madrid, a cuyo frente se encuentra Roque Barcia, que tenía una visión más radical y su objetivo era proceder de forma inmediata a la formación de cantones.

En Cataluña, el ocho de marzo, se proclamó el Estado catalán, y la Diputación se hizo con todos los poderes, decretando la abolición del ejército. El gobierno tuvo que reaccionar inmediatamente, pero se vio obligado a hacer concesiones a los federales. En Sevilla, también se produjo un intento parecido, pero la actitud enérgica del gobernador civil lo impidió.

La crisis estalla el veinticuatro de febrero como consecuencia de la disidencia entre los radicales y los republicanos federales a raíz de una discusión en torno a la renovación de las Diputaciones y Ayuntamientos.

Al día siguiente, el gobierno de coalición republicano-radical fue sustituido por un gobierno formado exclusivamente por republicanos, en el que seguía estando a la cabeza Estanislao Figueras y como ministro de Estado, Castelar, y de Gobernación, Pi i Margall.

La Asamblea seguía estando dominada por los radicales y de ahí que el Gobierno tratase de conseguir su disolución para proceder a unas nuevas elecciones. Estas se realizaron el diez de mayo, y su resultado fue una aplastante mayoría de los federales, lo cual no era más que consecuencia del retraimiento practicado por los radicales, los alfonsinos y los carlistas, aunque algunos se presentaron como candidatos a título individual.

La participación electoral fue sólo del 25%, la más baja de toda la historia parlamentaria de España hasta ese momento. Según dice Pi i Margall las Cortes elegidas de aquellas elecciones “se apresuraron a declarar, con sólo dos votos en contra, que la federación era la forma de gobierno de la nación española”.

Las Cortes se reunieron el uno de junio, pero los radicales que no renunciaron, a pesar de todo, al control sobre el Gobierno, consiguieron nombrar una Comisión Permanente, que estaba formada por ocho radicales, tres conservadores, cinco federales y tres radicales de conciliación.

Al mismo tiempo, los radicales intentaron una conspiración para proclamar la República unitaria y contaban con la colaboración de varios generales. Pi i Margall pudo disolver la Comisión, con lo que los radicales desaparecieron de la escena política.

Pi i Margall fue nombrado presidente del Consejo de Ministros a raíz de la constitución de las nuevas Cortes y de la sorprendente huida a Francia de su antecesor en el cargo, Estanislao Figueras.

El nuevo Gobierno trató de satisfacer al mismo tiempo la aspiración de la derecha, el orden, y la aspiración de la izquierda, la federación. El empeño de esta política era muy complicada, cuando además Pi i Margall tenía que enfrentarse simultáneamente a la guerra carlista, a las conspiraciones alfonsinas y a los federalista intransigentes, que habían iniciado ya un movimiento revolucionario cantonalista.

EL MOVIMIENTO CANTONALISTA

El nombramiento como presidente de Pi i Margall no sólo sirvió para controlar los excesos federalistas, sino que, por el contrario, dio rienda suelta a los que querían llevar su radicalismo al máximo.

Si seguimos al historiador Antoni Jutglar, a Pi i Margall le faltó la habilidad y la energía suficientes para asegurar lo que según él debía ser la garantía del orden: el programa y el sistema federal. Lo cierto es. que los excesos dieron lugar al fenómeno de los cantones.

Cuando Pi i Margall toma el poder seguían vigentes los problemas de orden público que había acompañado de siempre a la I República desde el mismo momento de su proclamación, especialmente en Andalucía.

Se trató de conseguir que los Gobernadores Civiles restablecieran la normalidad en las provincias donde ésta se hallaba más alterada para no tener que recurrir al ejército, como pretendían las autoridades militares. Málaga y posteriormente Sevilla, Cádiz, San Fernando y Sanlúcar fueron las poblaciones en las que la agitación se desarrollo entre finales de junio e inicios de julio.

¿Qué deseaban los sublevados?

Lo podemos comprobar en el manifiesto del Comité de Salud Pública de Cádiz que decía lo siguiente: “El Comité se ocupará sin descanso en la adopción de medidas necesarias para salvar la República y contrarrestar el espíritu centralizador de las organizaciones políticas pasadas y salvar para siempre al pueblo español de todas las tiranías”.

En la ciudad de Alcoy, que tenía una potente industria manufacturera, que daba trabajo a un gran número de trabajadores, se había instalado la sede de la Comisión Federal de la Federación Regional Española de la Primera Internacional. El nueve de julio, una huelga general organizada por las organizaciones bakunistas derivó hacía una situación de violencia, que acabó con el asesinato del alcalde la ciudad y el incendio de una fábrica.

Es llamado el ejército a la ciudad y al mando del general Velarde, pudo restablecer la situación tres días más tarde. Los sucesos de Alcoy revistieron un carácter especial por tratarse de una insurrección puramente obrera, en la que tuvieron una participación destacada los internacionalistas, cosa que no ocurrió en el movimiento cantonal en general.

El cantón de Cartagena es otro de los episodios importantes del cantonalismo. La proclamación del cantón de Cartagena se produjo con la colaboración del Comité de Salud Pública de Madrid, el cual instó a los intransigentes a sublevarse para constituir una Junta Revolucionaria.

El movimiento cantonalistas de Cartagena se vio reforzado no sólo por las tripulaciones de los buques Almansa y Vitoria, sino que el regimiento Iberia, que el gobierno había mandado para sofocar la sublevación de Málaga, se unió a los sublevados.

Pi i Margall se enfrentaba al reto de proceder a la restauración del orden y la autoridad. Además de reducir la insurrección mediante la utilización de la fuerza, cosa que repugnaba a su talante democrático, su respeto por la libertad y a su carácter antimilitarista.

Para salvar la situación, Pi i Margall mandó a las Cortes el proyecto de Constitución republicana que había sido redactada por Castelar en solamente veinticuatro horas.

La Constitución republicana constaba de 117 artículos divididos en 17 títulos. Según ésta, la nación española sumía la forma de República federal, integrada por diferentes Estados que en total eran diecisiete que quedaban configurados en su título primero.

El artículo 1º de la Constitución dice: “Componen la Nación española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas. Los Estados podían conservar las actuales provincias o modificarlas según sus necesidades territoriales”.

El título II detallaba los derechos individuales de los españoles con una precisión a la de la Constitución de 1869. Otra de las novedades dignas de reseñar es la aparición de un cuarto poder, que se añadía a los ya tradicionales y que se denominaba “poder de relación”. Ese poder sería ejercido por el presidente de la República. En el título XIII se establecían las facultades de los diferentes Estados que componían la nación y se delimitaban las competencias de éstos en relación al poder federal.

EL CANTÓN NAVARRO

Navarra siempre ha sido una única provincia, pero en algunos procesos constitucionales siempre ha sido cuestiona si seguir sola o en unión de otras. En la actualidad, todavía sigue el debate y el enfrentamiento por seguir sola o que se integre en Euskadi.

Veamos la discusión que se produce en Navarra con el tema del cantón navarro.

El dieciocho de junio de 1873, se recibe una comunicación dirigida a la Diputación provincial por parte de los diputados navarros a Cortes Generales, que dice lo siguiente:

“Sr. Presidente de la Diputación de Navarra. Muy Sr. Nuestro y de nuestra distinguida consideración. Los Diputados por Navarra que suscriben deseosos del mejor acierto, así como de interpretar los deseos de sus comitentes, ruega a Vd. se sirvan hacer presente a esa Corporación que oirán con agrado todas las observaciones que tenga a bien dirigirles acerca de los siguientes puntos:

1º ¿Convendría que Navarra constituyese por sí solo un Estado Federal?

2º En caso contrario sería preferible su unión a las provincias Vascas, a las de Aragón, ó la Rioja:

Es cuanto tenemos el gusto de manifestarles, encareciendo la urgencia de la contestación. Tienen el gusto de ofrecerse con este motivo.”

El diecinueve de junio, se convoca una reunión para tratar sobre la conveniencia o inconveniencia de que Navarra forme un Estado federal o se agregue a otras provincias.

Se reúne la Diputación provincial de Navarra bajo la presidencia de Esteban Camón, y en la que participan los diputados provinciales, Tomás Moreno, Fermín Ibarra, Baltasar Morrás, Gumersindo Ochoa y Miguel Aldaz. Deciden que se debe invitar a una reunión más amplia a personas representativas de la sociedad navarra para que opinen sobre el tema cantonal, que se plantea en la posible nueva Constitución republicana.

Se plantean tres alternativas a la Diputación. Veamos:

1º La formación de Navarra en un solo Estado y aceptar la unidad política con el respeto y acatamiento en un solo Presidente de la República federal española, de un solo Parlamento y las altas leyes políticas no opuestas a su autonomía foral.

En todo lo demás puede gobernarse sola, tanto en los apartados económico, administrativo por sus fueros y leyes, sin que perjudique a la marcha de los demás Estados en su régimen interior, pues así ha venido existiendo hasta la fechas sin oposición contraria.

2º La agregación a Aragón o Castilla en las que hay intereses generales creados, completamente diversos a Navarra, trayendo una perturbación inmediata. Navarra no iba a tomar nada de Aragón y Castilla. Estos obtendrían un provecho o ventaja que pueden gozar por sí solos.

Si Navarra se une a Aragón o Castilla y el Congreso o Consejo cantonal actúa para ambas provincias, no puede llegarse nunca a una uniformidad en ningún asunto.

Las diferencias en esas provincias en temas como la guardería del campo, la dación de las cuentas municipales, los goces de aprovechamientos de montes y pastos se han regido y rigen por las leyes generales, por más que se les conceda a estos Congresos facultades de legislar esas materias. Respecto a los pueblos de Navarra no puede legalmente la Diputación actual ni el Congreso de ambas provincias romper la costumbre en ley o la ley expresa de que en Navarra se nombran guardas en ciertos pueblos.

Se deja aparte otras consideraciones respecto a obras públicas por las que tan altos sacrificios ha hecho Navarra, en los que dando participación a otras provincias más retrasadas, pierde muchísimo después de tanto esfuerzo a su costa.

Como es posible, que un Congreso cantonal mixto de provincias ejerciese las atribuciones del antiguo Consejo de Navarra y Diputación del Reino, dadas privativamente a la actual Diputación provincial, por Decreto de 21 de enero de 1871 de Gobernación, es a la par Comisión provincial.

3º La unión a las provincias forales vascas, destaca la importancia de los puertos de mar y dejarían de crear problemas los derechos de entrada de nuestros vinos y líquidos en sus fronteras provinciales, con cuya cesación o disminución de pagos de aduanas se provocaría un crecimiento de nuestro comercio.

Ellos tienen su autonomía foral propia, que aunque inmejorable en su caso, como juzgamos la nuestra para nosotros, ha de sufrir un gran quebrantamiento, así no la nuestra, si a de fusionarse de acuerdo las cuatro provincias, de ahí las protestas mutuas de las cuatro provincias que pretenden conservar su independencia.

Hay por otra parte, una alta consideración que tener muy en cuenta: de todos es sabido, el espíritu político que se da en la mayoría de las provincias Vascongadas y Navarra, el espíritu de guerra que domina los destinos de la nación, su sistema gubernamental, puede anular, en la plenitud de sus facultades nuestros fueros y franquicias, y puede suponer un peligro que no debe ocultarse.

Formado un Estado con las cuatro provincias mencionadas, es muy posible o al menos factible que se desarrolle y aumente un espíritu de imposición al resto de España y a que no se consiga la mayoría política, valiéndose de la amplitud del sufragio.

Abierta la sesión por el Presidente de la Diputación provincial de Navarra, Esteban Camón invita a los participantes a que manifiesten su opinión y planteen todas las dudas que les surjan sobre el tema del Cantón, que plantea la Constitución republicana, sin ningún tipo de restricciones y con total libertad.

El resultado de dicha reunión es la información que pasa a sus diputados a Cortes en Madrid respecto su posición política respecto al cantón navarro en la futura Constitución republicana. Para ello, manda el siguiente telegrama a las Cortes:

“En sesión extraordinaria de hoy 19 de junio a la que han concurrido varios particulares de las Merindades, residentes aquí, ha quedado por unanimidad acordada la opinión de que conviene que Navarra constituya por sí sola un Estado Federal, salvando en todo caso su autonomía foral dentro de la unidad constitucional, como hasta el presente. Comuníquese a Diputados a Cortes”.

El veintisiete de junio, la Diputación acuerda dar una alocución a los habitantes de Pamplona ante el estado de perturbación política:

“Diputación foral y provincial de Navarra. Ciudadanos. La Diputación de Navarra que no desconoce el círculo de atribuciones administrativas se cree en el deber ineludible, por su carácter de autoridad dirigir su voz a esta capital de la Provincia: la impulsa a ello el deseo vehemente que tiene de que por ningún motivo sea turbado el orden, base firme de todo poder y condición preciso de todo Gobierno, si es que ha de marchar dentro de su legitima existencia y mucho más si la forma de él es apoyado en la democracia, en la República Federal proclamada por nuestras Cortes.

Deponed pues, toda idea de excitación aunque a ello os obligue el celo por los principios políticos que profesáis.

La Diputación que aceptó y proclamó la República asociada a las autoridades civiles y militares, la Diputación que en 19 de febrero se dirigió a todo el país recomendándole el acatamiento de todas las autoridades legítimas, hoy os repite lo mismo: orden y obediencia a las Autoridades.

Respecto al Gobierno de la República federal, declarada en las constituyentes que son la Soberanía Nacional. Confiad en nuestras autoridades que unidas como están e identificadas en su anhelo por la buena marcha del Gobierno, sabrán elevar al mismo nuestras aspiraciones, para que remueva todo obstáculo que se oponga a la consolidación del orden y de la República”.

El proyecto constitucional fue discutido durante tres días, y en los debates se puso de manifiesto la falta de acuerdo entre los republicanos de distinto signo, lo que hizo imposible su aprobación.

EL DEBATE FORAL EN EL CONGRESO Y EL SENADO

El diputado Madoz en una intervención en la Cortes el día seis de octubre dice: “que fuera de alguna excepción no había ningún fuero que se opusiese a la Constitución”.

El ministro de Gracia y Justicia, Luis del Río Ramos, interviene en el Congreso, en nombre del Gobierno para entre otras cosas decir que si caben en la Constitución los fueros y expone que es una paradoja el sostener el concepto siguiente:”nadie se ofende porque le den una cosa mejor que la que tiene. No basta que a mí me pareciera mejor lo que doy; es menester que lo parezca así al que lo reciba”.

El mismo día, el ministro Luis del Río Ramos replica al diputado Sancho diciendo: “que no comprendía, como el día cuatro de octubre, había exclamado que siendo hijos de la libertad, los fueros y la Constitución y suponiendo que cabían aun mismo tiempo en la casa paterna, viniese a decir ahora que los fueros no pueden recibir la luz o el reflejo constitucional; es decir, añadía que este hijo que entre en la casa paterna será ciego, no podrá ver su casa nunca”.

Ante las graves dudas que genera el fuero navarro en las Cortes Generales, la Diputación emite un comunicado que dice:

¡Cuánta razón tenía el ministro censurando que se hiciese cuestión de subterfugios y de pasiones está en que había de por medio objetos tan sagrados!

Solo así puede comprenderse que a la legislación especial de Navarra la llamasen hijo prodigo de la Constitución española, cuando esta había de derivarse de los antiguos principios políticos forales de Navarra en que estaban consignados los modernos derechos individuales, y en otra de la Novísima recopilación de Navarra; cuyas garantías decía Olózaga (el seis de octubre) adquiría Navarra y no estaban contenidas en los fueros: era mucho apasionarse en hombres a quien no podía considerarse ignorante, el decir que si el Estado moderno de la sociedad conquistaba esas grandes garantías, Navarra las conquista también; cuando se sabe que ya los tenía anteriormente y al gozarlas de nuevo, ningún favor se le hacía si en todo caso había de haber sido respetada su legislación antigua foral a falda de Constitución”. 

Llevado el asunto de la Constitución al Senado, se vuelve a repetir el cuestionamiento de los fueros. En la sesión del dieciocho de octubre, el senador Viluma hace públicos sus temores acerca de la compatibilidad de los fueros y de la unidad constitucional por lo cual entiende “un solo Monarca sólo unos Cuerpos Colegisladores”.

El senador Ferrer dice: “Eran diferentes los de Navarra y provincias Vascongadas que los fueros municipales y económicos eran dignos de admiración y recomendables a la Nación para extenderlos a la misma y que por haberlos perdido algunas provincias se vieron caer en la miseria y ambición en que todas las veían; que los municipales y económicos que habían hecho la verdadera felicidad del país no estaban en oposición a la Constitución…”.

El duque de Fría espera que el Gobierno explique el sentido de la palabra “unidad constitucional”.

En nombre del Gobierno responde el ministro de Gracia y Justica diciendo:” La unidad de una cosa se salva en los principios de la Constitución, en los grandes vínculos en las grandes formas características y de ningún modo en los pequeños detalles… La Unidad Constitucional se salva habiendo un solo Rey Constitucional para todas las provincias, un mismo poder legislativo y una misma representación común”.

El senador Ferrer afirma “lo más generoso hubiera sido decir, ahí tenéis los fueros, que los españoles tienen una libertad nacional, consultad lo que os tiene más en cuanta, unámonos para formar una misma familia”.

El representante navarro, Conde de Ezpeleta interviene en la sesión del Senado el 19 de octubre y afirma: “Si la unidad constitucional se entiende como régimen constitucional, porque yo encuentro grande la diferencia. La diferencia de tomar las cosas en grande a venir a detenerse en las más pequeñas, si se toma en aquel sentido, estamos acordes; pero si es en el segundo, diré que es una decepción, un engaño; porque sería decir que darnos una cosa, no dándola y entonces no habría nada y las provincias quedaran reducidas a un estado peor que el de los últimos pueblos de Castilla”.

Antes de proceder en el Senado a la votación del texto constitucional republicano, el senador, Marqués de Montesa, pregunta si la palabra Fuero se entiende también la confirmación de las leyes de Navarra.

Le contesta el ministro de Gracia y Justicia de forma afirmativa diciendo:

“Me he extendido y acaso he estado difuso en estas explicaciones porque el punto es sumamente importante en la actualidad; he dicho al principio que opinaba porque Navarra constituyese un solo Estado a Cantón por si solo sin agregación. La razón primera esta dicha en la exigencia de las Cortes de que los Reyes o Poder Soberano no pudieran hacer que fuera Reino aparte sino sólo o de por él.

Aun que esto quisiese darse por abolido y completamente derogados por olvidados las tendencias históricas en defensa de ser y querer ser Navarra una sola arguyendo que había aceptado la unidad constitucional, una cosa es que se haya entendido y se entienda hoy distinta del régimen y otra cosa es que a pretexto de éste se intente prescindir de todo y sujetar a la provincia a anexiones por las cuales pierda su propia y foral autonomía administrativa que está comprendida en los 26 artículos de la Ley orden vigente de 16 de agosto de 1841”.

Antes que finalizasen esos debates constitucionales y ante los reproches que recibe Pi i Margall por parte de muchos diputados que le acusaban de ser el responsable de la insurrección cantonal por su política de concesiones y por contemporizar con la situación política. Pi i Margall ante esta situación presenta su dimisión

El dieciocho de julio, fue elegido nuevo presidente Nicolás Salmerón, con 119 votos frente a los 93 que recibió Pi i Margall. En cinco meses se habían sucedido ya cinco gobiernos y dos presidentes. Salmerón fue elegido con el apoyo de los monárquicos. Salmerón adoptó una actitud de mayor firmeza ante la revolución cantonal, que se había extendido por todo el sur y el levante español.

Sus primeras medidas consistieron en reorganizar el ejército para intentar sanearlo y cortar los brotes de connivencia que se había producido entre algunas unidades y los insurrectos. Formó expedientes a las autoridades que habían tomado parte en las sublevaciones cantonales, como los gobernadores de Murcia y Alicante.

Recurrió a los militares monárquicos como Martínez Campos, o radicales como Pavía, a quienes nombró, respectivamente, capitanes generales de Valencia y Andalucía, las regiones donde se había centrado el conflicto, para que ejercieran la mano dura.

Pavía reunió un ejército de tres mil hombres, que fueron suficientes para reducir los cantones andaluces de Córdoba. Sevilla y Cádiz a finales de julio e inicios de agosto. Málaga resistió algún tiempo más y fue sometida el dieciocho de septiembre. La mayor resistencia la ofreció Cartagena que resistió el asedio del general López Domínguez hasta el once de enero del año 1874.

Los conservadores españoles presentaron el movimiento cantonalista como una revolución social, sin embargo esto no es así. Solamente en el caso de Alcoy y algunas acciones aisladas en Andalucía tuvieron aspectos de revolución social.

Para el historiador José María Jover, la revolución cantonal fue en todas partes el golpe de mano de activistas políticos de una burguesía deseosa de detentar poder.

La utilización del ejército por parte de Salmerón le atrajo el ataque de la izquierda en las Cortes Generales. Sin embargo, Salmerón se negaba a firmar dos sentencias de muerte propuestas por las autoridades militares, el cinco de septiembre presentó su dimisión. Las Cortes apoyaron a Emilio Castelar que contó con 133 votos, mientras que Pi i Margall obtuvo 67.

Castelar fue el último presidente de la I República y su gestión se centró en conseguir el apoyo de los radicales, pues creía que su separación había sido el principal error de los políticos republicanos.

Protegió a los monárquicos y pactó con la Santa Sede, todo lo cual significa un importante golpe de timón para que la República se inclinase hacia la derecha. Su éxito más importante fue lograr la confianza del ejército. La I República giraba hacia la derecha y esto hace que la izquierda junto a Salmerón acuse a Castelar de crear una República que podían disfrutar los no republicanos.

El gobierno de Castelar fue derrotado en dos votaciones en la Cortes y crecía la posibilidad de que se restableciese el sistema federal. El Capitán General de Madrid, el radical, Manuel Pavía, irrumpió en las Cortes el tres de enero de 1874 y con uno pocos disparos, acabó con las Cortes Constituyente republicanas.

Pavía se dirige a los mandos del ejército diciendo:

“Dos veces ha sido derrotado el Ministerio de Castelar e iba a ser sustituido por lo es basan su política en la destrucción de la Patria.

En nombre, pues, de la salvación del ejército, de la Libertad y de la Patria, he ocupado el Congreso, convocado a los representantes de todos los partidos, exceptuando los cantonales y los carlistas, para que formen un gobierno nacional que salve tan caros objetos.

El Capitán General de Madrid no formaría parte del Gobierno, y continuará en su puesto. En nombre de la Patria, espero que secundará V.E mi patriótica misión, conservando el orden a todo trance”.

El golpe del general Pavía suponía una vuelta a la tradicional concepción del papel del ejército en la España liberal. Cuando se llegaba a un momento de crisis política y de revuelta social, como el que se daba en la I República española, el ejército asumía la responsabilidad de poner las cosas en sus sitio, restableciendo el orden y reconduciendo la marcha del país por los cauces que representaba la verdadera voluntad nacional, que no era otra que garantizar el poder a las elites nacionales en contra del sentir de la mayoría.

En este caso, como en otros anteriores y otros posteriores de la historia, el papel del ejército siempre ha sido el de garantizar el poder a las elites políticas y económicas sin importarles nada el coste para el resto de la población.

Una vez disueltas las Cortes, Pavía reunió a políticos y generales que se encontraban en Madrid para entregares el poder. Los generales Serrano, Concha, Topete y Berenguer, junto a los políticos Rivero, Martos, Sagasta acordaron que el Gobierno que se había de constituir siguiera llamándose Poder Ejecutivo de la República.

Se nombre presidente de la República al general Serrano y el gobierno estaría presidido por Zavala. La República no dejaba de existir, aunque tomaba una forma diferente, donde la alta burguesía, la aristocracia, el clero ocuparían lugar principal en el desarrollo político.

Con el fin de conseguir el mayor apoyo a esta República presidencialista, Serrano pidió la colaboración de Cánovas del Castillo, que era el representante de Alfonso XII y también la de Castelar, que era el republicano más conservador. Sin embargo, ninguno de los dos lo apoyo, pues no estaban de acuerdo con la salida política propuesta, ni aun como fórmula transitoria.

Serrano dio un papel principal al ejército y mandó disolver la I Internacional. A los pocos días de tomar el poder, se rendía el cantón de Cartagena a las tropas de López Domínguez.

Bilbao se encontraba sitiada por las tropas carlistas desde inicios de enero de 1874, y había fracaso los diversos intentos del ejército liberal de romper el cerco carlista de la ciudad.

Serrano toma el mando del ejército liberal del norte y con eso pretendía conseguir una victoria que reforzara su posición política. Mientras tanto, en Madrid se producían conspiraciones alfonsinas dirigidas por los generales Concha, Echague y Martínez Campos como se vio en abril y planteaban el restablecimiento de una monarquía encabezada por Alfonso XII.

El gobierno de Zavala tuvo que tomar en el campo financiero una medida de transcendental importancia y su ministro de Hacienda, Echegaray, hizo aprobar un decreto el diecinueve de marzo, por el que el Banco de España recibía el monopolio de la emisión de billetes, pudiendo poner en circulación dinero por cuatro veces superior al encaje oro y plata, y por cinco veces de su capital efectivo, que fue elevado a cien millones de pesetas.

La situación económica que había heredado la Revolución de 1868 de la monarquía de Isabel II era desastrosa. El ministro de Hacienda del gobierno provisional del año 1868, Laureano Figuerola, lo denuncio inmediatamente. La deuda superaba los ingresos anuales y los gastos comenzaron a crecer con el triunfo de la revolución Gloriosa, con lo que la situación económica empeora.

Figuerola plantea una serie de reformas para lograr la nivelación del presupuesto de forma gradual. El principal problema que había padecido la economía del país residía en los obstáculos que la política proteccionista de la era isabelina había impuesto al desarrollo mercantil e industrial de España. Su principal misión fue la supresión y la reforma de todos aquellos tributos que obstaculizasen la libertad de comercio o la circulación de mercancías.

La política que llevaron a cabo para igualar gradual los presupuestos fue la de recurrir al crédito, tanto para hacer frente al déficit heredado como para financiar los que se habían de producir en el proceso de transición. Se efectuaron una serie operaciones de crédito con bancos extranjeros en unas condiciones muy desfavorables para el Estado español que elevaron considerablemente la deuda exterior española.

Durante la República la producción manufacturera y el comercio exterior funcionó bien y la balanza comercial tuvo su único año de saldo favorable. Sin embargo, la brusca subida del oro en el mercado nacional agravó la situación por el retraimiento de las clases adineradas que prefirieron guardar sus reservas. Los fondos públicos bajaron y las peticiones de reembolsar billetes aumentaron. Se produjo una cierta crisis bancaria, pero las mayores consecuencias las sufrió el régimen republicano dirigido por el general Serrano.

El tres de septiembre de 1874 Zavala dimitió, siendo sustituido por Sagasta, lo que no evito que los seguidores de Alfonso XII siguiesen conspirando. A finales del año 1874, España había alcanzado su máximo grado de cansancio político. Después de una revolución, un régimen provisional, una monarquía democrática y una república que había atravesado en su corta duración por dos fases diferentes, ahora el régimen del general Serrano se mostraba falto de perspectivas y con escaso futuro.

Como todos estamos viendo, rápidamente fue eliminada la Iª República y el texto constitucional por el que se iba a regir nunca vio la luz ni fue puesta en práctica. La monarquía borbónica aparece como la única salida posible política a tantos intentos frustrados de encontrar una solución política para el país.