El derrumbe del Antiguo Régimen

Autor: Enrique Llopis,

Fuente: El País, 22/01/2012

Las secuelas de la Revolución Francesa de 1789 desencadenaron el inicio de la crisis del Antiguo Régimen en España, un periodo caracterizado por las guerras, la debilidad y el derrumbe de muchas de las viejas instituciones, la inestabilidad política y la alteración de la dinámica económica.

Desde un punto de vista macroeconómico, entre 1789 y 1840, año en el que finalizó la primera guerra carlista y se asentó el régimen liberal, se alternaron dos fases expansivas, 1789-1801 y 1815-1840, y una recesiva, entre 1802 y 1814. Este artículo se ocupa esencialmente de la crisis de la década y media inicial del siglo XIX, pero también extiende su mirada al antes y al después.

En cuanto a las fases de crecimiento, resulta aparentemente paradójico que España, de 1789 a 1801 y de 1815 a 1840, obtuviera resultados económicos positivos en momentos de graves contratiempos internos y de cierta desintegración de la economía internacional. La principal clave explicativa radica en que el debilitamiento, primero, y el desplome, después, del Antiguo Régimen facilitaron la incorporación a la labranza de enormes extensiones de tierra.

En la España del XVIII coexistían dos velocidades, dos maneras de crecer

El siglo XIX se abrió con importantes epidemias y malas cosechas

La Guerra de la Independencia abortó la incipiente recuperación

Las colonias americanas prescindieron de la mediación hispana

La ocupación francesa debilitó las instituciones del Antiguo Régimen

La expansión del cultivo de cereal sostuvo el avance entre 1815 y 1850

 

En la España del siglo XVIII coexistieron dos velocidades y dos modos distintos de crecimiento económico. En los territorios interiores y en las regiones septentrionales, el PIB aumentó a una tasa no superior al 0,5%, el crecimiento tuvo un carácter marcadamente rural, la productividad del trabajo en la agricultura permaneció estancada y los progresos en la especialización y en los tráficos mercantiles fueron modestos.

La España interior estaba lejos de aprovechar plenamente su potencial de crecimiento agrario: muchas zonas se hallaban aún poco colonizadas porque los grandes propietarios territoriales rentistas, las oligarquías locales con importantes negocios pecuarios, los dueños de cabañas trashumantes y la Mesta, grupos que acumulaban bastante poder, estaban interesados en frenar las roturaciones en las tierras municipales.

Por el contrario, en el área mediterránea y en la Andalucía atlántica, el PIB creció a una tasa cercana o algo superior al 1% y la expansión productiva se sustentó, al igual que en otras zonas de Europa occidental, en un cierto incremento de la productividad agraria, en el auge de la economía marítima, en el desarrollo de la protoindustria y en la mayor laboriosidad de la mano de obra familiar. En muchos casos, esa intensificación del factor trabajo fue la respuesta a la caída de los salarios reales y/o al descenso de ingresos netos de numerosas explotaciones agrarias, fruto del incremento de las rentas territoriales y de la reducción de su tamaño ocasionada por la mayor presión de la población sobre los recursos agrarios.

Por consiguiente, las «fuerzas económicas del progreso» (mayor comercio y especialización y pequeños avances tecnológicos) solo resultaban claramente hegemónicas en una parte minoritaria de España; de ahí que nuestro país siguiese divergiendo de Europa occidental en el siglo XVIII.

La década de 1790 fue un periodo de fuertes convulsiones, de desequilibrio financiero del Estado y de crisis sectoriales, pero también de aceleración del crecimiento demográfico y agrario. En la España del siglo XVIII, su último decenio fue, tras el de 1720, el de mayor crecimiento de los bautismos (véase el gráfico 1 basado en una muestra de más de 1.200 localidades). Lo más llamativo de este auge radicó en que fue protagonizado fundamentalmente por regiones que habían registrado una expansión modesta o moderada en el siglo XVIII (Andalucía occidental, Aragón y Castilla-La Mancha). En las zonas interiores, este crecimiento demográfico habría sido inalcanzable sin que simultáneamente se registrara una importante expansión agraria.

El impulso agrícola de la última década del siglo XVIII fue fruto de la necesidad, de los mayores incentivos y de las oportunidades abiertas por el nuevo panorama político. Los granos se encarecieron notablemente en todos los mercados y, además, el diferencial de precios del trigo entre la periferia y el interior se incrementó debido en buena medida a la disminución y a la mayor irregularidad de las importaciones resultantes de las perturbaciones que los conflictos bélicos ocasionaron al comercio exterior desde 1793. De modo que el interior se encontró con una coyuntura favorable para incrementar su participación en el abasto de cereales de la periferia. Además, el cambio de escenario político provocado por la Revolución Francesa indujo a los integrantes del frente antirroturador a moderar su oposición a los rompimientos. El notable incremento de la defraudación en el pago del diezmo, aparte de ser un exponente del inicio de la descomposición del Antiguo Régimen, también constituyó un acicate para ampliar las labores.

La década de 1790 presentó una cara, la expansión demográfica y cerealista, pero también una cruz: fuerte incremento de las tensiones inflacionistas y acusado descenso de los salarios reales, agudización de los problemas financieros de la Monarquía, reducción y mayor irregularidad del comercio exterior y dificultades para todas las economías periféricas que mantenían un apreciable grado de dependencia de los intercambios internacionales.

La recesión de la década y media inicial del siglo XIX estuvo integrada, en realidad, por dos crisis distintas: la ocasionada por las malas cosechas y las importantes epidemias (paludismo, tifus y fiebre amarilla) de principios del Ochocientos, y la desencadenada por la Guerra de la Independencia. Los factores exógenos a la economía y a la sociedad españolas desempeñaron un papel preponderante en dichas crisis, pero los endógenos no fueron ajenos a la magnitud de ambas: primero, la creciente desigualdad en el reparto del ingreso en la segunda mitad del Setecientos había acentuado la precariedad de muchas familias; y, segundo, la elevada mortalidad del periodo también obedeció a la incapacidad de los Gobiernos para paliar escaseces y carestías, y al deterioro del funcionamiento de los mercados y de instituciones asistenciales, como los pósitos, que estaban siendo sacrificadas para evitar el colapso financiero de la Monarquía.

En la España interior de la época moderna, la crisis de mortalidad de 1803-1805 fue, tras la de 1596-1602, la que tuvo un mayor alcance territorial e intensidad. El desastre demográfico de 1803-1805 fue fruto de una crisis de subsistencias muy profunda (el promedio anual del precio del trigo se incrementó, con respecto al de la década precedente, más de un 125%), pero también de una importantísima crisis epidémica. Aparte de la mortalidad catastrófica, también aumentó notablemente la ordinaria en la década y media inicial del siglo XIX. En 25 pueblos de la provincia de Guadalajara, el cociente difuntos/bautizados fue de 0,87 en 1785-1799, de 1,14 en 1800-1814 y de 0,72 en 1815-1829 (véase el gráfico 2).

Las áreas periféricas también tuvieron que afrontar unos importantes contratiempos económicos en los albores del siglo XIX. Las guerras navales, las dificultades y la carestía del transporte marítimo y la crisis agraria y demográfica de los territorios no marítimos provocaron un descenso en el nivel de actividad manufacturera y comercial. Desde 1805, las colonias americanas prácticamente prescindieron de la mediación hispana en sus tráficos exteriores.

La Guerra de la Independencia abortó la recuperación que la agricultura española había iniciado después de 1805. Ahora bien, las secuelas de este conflicto fueron mucho más allá del desencadenamiento de una nueva crisis económica. Entre las principales, han de contabilizarse:

1. Tras la ocupación del país por las tropas francesas, muchas de las instituciones fundamentales del Antiguo Régimen se desmoronaron o quedaron muy debilitadas.

2. El vacío de poder en la metrópoli propició el estallido de movimientos independentistas en buena parte de las colonias americanas.

3. La crisis financiera del Estado absolutista se intensificó extraordinariamente.

4. La sobremortalidad y la merma de nacimientos ocasionadas por la guerra ascendieron a no menos de medio millón de personas.

En el terreno más estrictamente económico, deben mencionarse:

a) Numerosas explotaciones agrarias vieron reducidas sus disponibilidades de fuerza de trabajo y de ganado; de ahí que muchas de ellas tratasen de incorporar mayores cantidades del factor tierra para compensar las pérdidas en los otros factores y restablecer un cierto equilibrio productivo.

b) Los saqueos y las destrucciones de cosechas provocaron daños de consideración en no pocas zonas.

c) Las secuelas del conflicto perjudicaron de un modo especialmente intenso al comercio y a la industria.

d) Los ahorros de los propietarios rurales fueron absorbidos por gravámenes extraordinarios, requisas, suministros y préstamos forzosos a los ejércitos, a la guerrilla y a los municipios. Los más pudientes acumularon unos activos de elevado valor nominal sobre unos concejos cuyo nivel de endeudamiento les impedía atender sus obligaciones financieras, salvo que se desprendiesen de parte de sus todavía extensos patrimonios territoriales. De modo que tales acreedores enseguida se percataron de que solo había una alternativa para recuperar sus contribuciones a la financiación del conflicto bélico: la privatización de tierras municipales.

Es indudable que la Guerra de la Independencia tuvo, en el corto plazo, un impacto económico muy negativo, pero también generó otras secuelas que contribuyeron a inducir, en el medio y largo plazo, cambios en la velocidad y en el tipo de crecimiento económico, en la política comercial y en los niveles de desigualdad.

El mayor potencial de crecimiento agrícola de España, al menos a corto y medio plazo, estribaba en las enormes extensiones de tierras que podían roturarse. Durante la Guerra de la Independencia se crearon condiciones favorables para el estallido de una gran oleada de rompimientos, que se moderó en las etapas de restablecimiento del absolutismo, pero que mantuvo un ritmo relativamente intenso hasta mediados del siglo XIX: tras el hundimiento del Antiguo Régimen, ni las viejas autoridades locales, ni las nuevas pudieron refrenar las ansias de numerosísimos productores agrarios de ocupar y roturar tierras comunales; la desamortización silenciosa de tierras municipales facilitó los rompimientos de extensas áreas de pastizales y bosques; y, el incremento de los precios de los granos también constituyó un acicate para extender los cultivos cerealistas.

Una vez concluido el conflicto, la recuperación demográfica fue inmediata e impetuosa, sobre todo en las regiones cerealistas meridionales. El vigor de ese proceso obedeció al fuerte crecimiento del producto agrícola, pero también al relativamente reducido nivel de la mortalidad entre 1815 y 1830. De 1820 a 1850, la población española creció al 0,9% y la europea al 0,81%. Las estimaciones de Álvarez Nogal y Prados de la Escosura apuntan a que, entre 1787 y 1857, el PIB y el PIB por habitante se expandieron a una tasa cercana al 1% y a otra superior al 0,2%, respectivamente. Es indudable, pues, que el conflicto con los franceses también entrañó una ruptura en el ámbito económico: nunca antes la población y el PIB habían crecido tan velozmente en España como lo hicieron entre 1815 y 1850.

El impulso agrícola posterior a 1815 tuvo tres pilares esenciales: la marea roturadora, el rápido crecimiento de la población y la implantación y pervivencia de una política comercial prohibicionista en materia de cereales. Varios factores nos ayudan a entender por qué España adoptó en 1820 tal política comercial y por qué la mantuvo tantos años:

1. La oleada de proteccionismo enérgico en la que estuvieron involucrados numerosos países europeos y Estados Unidos, países que habían impulsado procesos de sustitución de importaciones entre 1793 y 1815.

2. La necesidad de defender una nueva e importante actividad cerealista de la competencia exterior en los mercados litorales una vez concluidas las guerras napoleónicas, nueva actividad que se había desarrollado en periodos de precios absolutos y relativos de los granos muy altos.

3. El régimen liberal, necesitado de ampliar su base social, utilizó el prohibicionismo cerealista para frenar el descenso de las rentas agrarias y de los precios agrícolas, lo que tornó más atractivas las compras de las tierras desamortizadas.

4. Los propietarios y cultivadores de tierras de cereal contaron con el decidido apoyo de los industriales catalanes en la defensa del prohibicionismo.

5. La pérdida de las colonias americanas originó un fuerte deterioro de las cuentas externas y un drástico cambio en el panorama monetario (del intenso crecimiento del stock de oro y plata en el periodo 1770-1796, se pasó a una fase de descenso apreciable del mismo). Los sucesivos Gobiernos tuvieron que emprender una política de reequilibrio de la balanza de pagos y el prohibicionismo constituyó un instrumento esencial de la misma.

La presión que el prohibicionismo ejerció sobre los precios de los cereales resultó clave para la formidable extensión de los cultivos en la primera mitad del siglo XIX, pero otros factores también contribuyeron a la aceleración del crecimiento económico: la notable ampliación del mercado nacional derivada, ante todo, del intenso auge demográfico; el impulso en la urbanización desde la década de 1820; el modesto incremento de la productividad en la agricultura; los avances en la integración de los mercados; el inicio de la industrialización catalana, y el dinamismo de la demanda exterior de productos agrarios mediterráneos y de minerales a medida que tomaba cuerpo la industrialización europea.

El balance económico del periodo 1815-1850 presenta luces y sombras. Por un lado, el crecimiento se aceleró fuertemente con respecto a las fases precedentes y la distribución del ingreso se tornó menos desigual (entre 1788-1807 y 1815-1839, la ratio renta de la tierra/salarios agrícolas descendió un 21% y un 28% en Navarra y Castilla la Vieja, respectivamente). En contrapartida, España, pese a su impulso económico, se alejó de Europa; el prohibicionismo perjudicó a las regiones exportadoras, sobre todo a Valencia, Murcia y a la Andalucía marítima; y, además, el modelo de crecimiento de después de la Guerra de la Independencia tenía una fecha de caducidad cercana: la expansión agraria se debilitó a medida que iba completándose el proceso colonizador y que empeoraban las condiciones de acceso a la tierra; de hecho, a finales de la década de 1850 ya se hallaba prácticamente agotado.

Sin embargo, nuestro país no acabaría en el callejón sin salida al que parecía abocado: merced en buena medida a los ferrocarriles, en los que los capitales, la tecnología y el capital humano foráneos fueron trascendentales, y a la creciente demanda exterior de minerales y de distintos productos agrarios mediterráneos, especialmente de vinos, España pudo ir deslizándose hacia un nuevo modelo de crecimiento económico en el que el cultivo del cereal, actividad en la que España no tenía ninguna ventaja comparativa, dejó poco a poco de tener una hegemonía tan nítida y en el que los cultivos mediterráneos, las actividades urbanas, el comercio exterior y, en general, las relaciones económicas internacionales ganaron protagonismo.

Las lecciones del pasado decimonónico apuntan en la misma dirección que las del siglo XX: los vientos europeos fueron cruciales para derribar el Antiguo Régimen (aunque para ello el país sufriera un conflicto bélico muy costoso en vidas y recursos), primero, y para dar un nuevo impulso al crecimiento económico español, más tarde, desde que comenzó a agotarse el modelo que había tenido uno de sus pilares esenciales en el prohibicionismo cerealista y algodonero. La historia contemporánea evidencia, pues, el grave error que el aislacionismo ha entrañado para nuestro país.

La ciencia que desmanteló Franco.

Franco visita el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, en 1954. UAM

Autor: MANUEL ANSEDE

Fuente: El País, 25/07/2015

“Al carro de la cultura española le falta la rueda de la ciencia”, sentenció Santiago Ramón y Cajal, único científico 100% español que ha ganado un premio Nobel. El investigador recibió el galardón en 1906 por descubrir las neuronas del cerebro y un año después predicó con el ejemplo y se transformó en el carretero del país: se puso al frente de la nueva Junta para Ampliación de Estudios (JAE), una institución que pagaba a los mejores científicos españoles estancias en las grandes universidades europeas y americanas.

La JAE contribuyó al florecimiento de la Edad de Plata de las letras y las ciencias en España durante el primer tercio del siglo XX. Hasta el físico Albert Einstein aceptó dirigir una cátedra extraordinaria en la Universidad Central de Madrid en 1933. Pero el golpe de Estado de 1936 y la Guerra Civil barrieron este progreso. El 8 de diciembre de 1937, el general Francisco Franco disolvió la JAE y creó otra institución para colocar la “vida doctoral bajo los auspicios de la Inmaculada Concepción de María”.

El libro Enseñanza, ciencia e ideología en España (1890-1950), editado por la Diputación de Sevilla y Vitela Gestión Cultural, repasa ahora el desmantelamiento de la ciencia en España ejecutado por la dictadura franquista. “A los que estudiamos en la Universidad española entre finales de los sesenta y principio de los setenta nos hacían creer que antes de 1940 la ciencia estaba atrasada y fue casi inexistente, que todo lo que se estaba haciendo entonces provenía del actual régimen, el cual había puesto los medios materiales y las personas adecuadas para que la ciencia española progresara y saliera del atraso en que se encontraba en la década de 1930. Pero nada más lejos de la realidad”, reflexiona el historiador Manuel Castillo, catedrático emérito de Historia de la Ciencia en la Universidad de Sevilla y coautor del libro.

De los 580 catedráticos que había, 20 fueron asesinados, 150 expulsados y 195 se exiliaron, señala el historiador Manuel Castillo

Castillo recuerda que José Ibáñez Martín, ministro de Educación entre 1939 y 1951, asumió la decisión de “recristianizar la sociedad”. La represión vació la universidad. De los 580 catedráticos que había, 20 fueron asesinados, 150 expulsados y 195 se exiliaron, señala Castillo. “La Iglesia supervisó o participó en cada una de estas denuncias”, afirma.

Uno de los primeros en huir fue el físico Blas Cabrera, un experto en magnetismo que había sido elegido miembro de la Academia de Ciencias de París en sustitución del fallecido Svante August Arrhenius, premio Nobel de Química. “A México llegaron medio millar de médicos e investigadores de ciencias biomédicas”, prosigue Castillo. También escaparon grandes figuras de las ciencias naturales, como Ignacio Bolívar, sucesor de Ramón y Cajal al frente de la JAE en 1934, y Odón de Buen, pionero de la oceanografía en España y un divulgador de la ciencia cuyos libros fueron prohibidos por el papa León XIII por defender las teorías de Darwin.

Las matemáticas españolas perdieron a Luis Santaló, uno de los padres de la Geometría Integral, que se exilió en Argentina y continuó investigando en la Universidad de Buenos Aires. En 1983, con 72 años, recibió el premio Príncipe de Asturias de investigación científica. La química también se resintió. Antonio García Banús, catedrático de Química Orgánica en la Universidad de Barcelona, se exilió en Colombia y allí creó la Escuela de Química en la Universidad de los Andes, en Bogotá. Enrique Moles, autoridad mundial en la determinación de los pesos atómicos, también fue depurado, como firmante del manifiesto “Contra la barbarie fascista” publicado tras el bombardeo aéreo de Madrid.

El CSIC nació para buscar “la restauración de la clásica y cristiana unidad de las ciencias destruida en el siglo XVIII”

Son solo algunos de los ejemplos que aparecen en Enseñanza, ciencia e ideología en España (1890-1950), cuyo segundo autor es Juan Luis Rubio, profesor de Historia de la Educación en la Universidad de Sevilla. El Decreto del 8 de noviembre de 1936, dictado por Franco en Salamanca, había ganado. Era una orden de eliminar “las ideologías e instituciones disolventes, cuyos apóstoles han sido los principales factores de la trágica situación a que fue llevada nuestra Patria”.

Sobre las cenizas de la JAE, y bajo la batuta de José María Albareda, miembro del Opus Dei más tarde ordenado sacerdote, se creó en 1939 el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Albareda propuso en un primer momento que se denominase Nacional en lugar de Superior, pero en cualquier caso el CSIC nació para intentar “la restauración de la clásica y cristiana unidad de las ciencias destruida en el siglo XVIII”, según la ley que lo creó el 24 de noviembre de 1939.

Aquel texto criticaba la supuesta “pobreza y paralización” de la ciencia en España durante el primer tercio del siglo XX. Franco decretaba el olvido de la JAE, una falta de memoria que se repitió de manera sorprendente en 2014, en el 75 aniversario del CSIC, cuando el organismo pasó de puntillas por su pasado de exilios y depuraciones en los actos de celebración. El actual presidente del CSIC es Emilio Lora-Tamayo, hijo de Manuel Lora-Tamayo, ministro de Educación con Franco y también presidente del CSIC, entre 1967 y 1971.

El franquismo convirtió a España en uno de los países «más subdesarrollados del continente en ciencia», según Castillo

Con la llegada de la dictadura, El origen de las especies de Charles Darwin se convirtió en una obra totalmente prohibida. El ministro Ibáñez Martín incluyó pasajes del Génesis bíblico en algunos libros de Ciencias Naturales. La investigación de la evolución humana, que había empezado a despuntar gracias a la JAE, fue sustituida por Adán y Eva. La paleontología “se retrotraía hasta el Cuarto Concilio de Letrán”, organizado por el papa Inocencio III en el año 1215, según Castillo.

“Hay que reconocer que en esto el franquismo fue pionero: se adelantó decenas de años a la corriente creacionista tan en boga hoy en algunas universidades norteamericanas que afinan la inventiva para introducir sus teorías como avaladas por la ciencia”, ironiza el catedrático emérito.

“La falta de libertad de pensamiento y de expresión durante casi 40 años taró al país y lo convirtió en uno de los más subdesarrollados del continente en ciencia y en cultura general”, sentencia Castillo. El Auditorio de la Residencia de Estudiantes, una de las joyas de la JAE en Madrid y sede de importantes conferencias científicas internacionales, fue demolido parcialmente y se convirtió en una iglesia. “Si de las basílicas romanas surgieron las primitivas iglesias cristianas, por qué de un teatro o cine, en donde se pensaba ir ensuciando y envenenando, con achaques de cultura y de arte, a la juventud española, no puede surgir un oratorio, una pequeña iglesia para que sea el Espíritu Santo el verdadero orientador de esta nueva juventud de España”, escribió tras la Guerra Civil su arquitecto, Miguel Fisac, por entonces miembro del Opus Dei.

El informe olvidado que sacó las vergüenzas a Franco.

El dictador Francisco Franco inaugura el Sanatorio Militar del Generalísimo, en la sierra madrileña, en 1949. EFE

Autor: MANUEL ANSEDE

Fuente: El País, 6/07/2018

Un día de 2010, la historiadora Rosa Ballester se encontraba husmeando en los archivos de la Organización Mundial de la Salud en la ciudad suiza de Ginebra, en busca de informes antiguos sobre la poliomielitis en España. De pronto, entre la montaña de papeles descoloridos, apareció un documento de 43 páginas mecanografiadas en francés, con el título Informe sobre la organización de los servicios sanitarios en España. Misión efectuada entre el 28 de septiembre y el 15 de diciembre de 1967 por el doctor Fraser Brockington. Ballester se quedó con la boca abierta.

“Nadie conocía la existencia de este informe”, recuerda ahora. “Brockington inventó la medicina social y fue una de las grandes figuras de la salud pública en el siglo XX. Y nos descubrió las vergüenzas”, relata la investigadora, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Brockington, que había sido catedrático de Medicina en la Universidad de Manchester, visitó España durante casi tres meses como consultor de la OMS y logró un acceso inédito a los despachos que manejaban la sanidad franquista. Su diagnóstico, una bofetada a la propaganda de la dictadura, ve ahora la luz por primera vez, más de medio siglo después de ser redactado.

“Básicamente no existen consultas para protección de la infancia más que en las capitales de provincia”, denunciaba Brockington

El informe de 1967 denunciaba multitud de carencias. “Básicamente no existen consultas de especialidad ni consultas para cuidado prenatal, protección de la infancia, enfermedades venéreas y enfermedades pediátricas más que en las capitales de provincia”, sostenía Brockington. El médico también constataba “el fracaso de la Escuela Nacional de Sanidad en lo que respecta a la formación y a la investigación en Salud Pública” y alertaba del “desierto estadístico” que impedía conocer el estado real de la sanidad en España. “Los principios de la medicina social y preventiva”, escribía, “brillan por su ausencia”.

El denominado Informe Brockington deja claro que el estado de la sanidad española era “peor que el de muchos otros países en vías de desarrollo”, según subraya el historiador Esteban Rodríguez Ocaña, que acaba de publicar la traducción del documento en la revista especializada Gaceta Sanitaria. El expediente firmado por el médico británico era demoledor. Criticaba que Franco todavía no hubiese creado a esas alturas un Ministerio de Sanidad y que mantuviese descuartizadas las competencias en diferentes ministerios: la Dirección General de Sanidad pertenecía al Ministerio de Gobernación, pero la salud escolar dependía del Ministerio de Educación, los hospitales de la Seguridad Social se desarrollaban bajo la jurisdicción del Ministerio de Trabajo y la higiene ambiental recaía en los ministerios de Vivienda y Obras Públicas.

Fraser Brockington, en 1952.
Fraser Brockington, en 1952. NPG

Era un caos con “efectos desastrosos”, según advirtió Brockington en 1967. “El escalón central se esfuerza poco o nada por coordinar su política. No existe un diálogo habitual entre los distintos ministerios”, alertaba. “Urge con premura resolver esta situación”.

Rodríguez Ocaña ha estudiado el origen de este embrollo organizativo. Tras el fin de la guerra civil en 1939, las facciones del bando ganador pelearon por repartirse el poder. Los militares católicos se hicieron con el Ministerio de la Gobernación y su Dirección General de Sanidad. Los falangistas, por su parte, se quedaron con el Ministerio de Trabajo y con el Instituto Nacional de Previsión, desde el que continuaron el programa de seguros sociales diseñado durante la República. El seguro obligatorio de enfermedad se aprobó en 1942, dejando fuera a la gran mayoría de los trabajadores del campo y a los desempleados. Con esta cobertura sanitaria, «el trabajador ya no sería un pobre que debería acogerse a la Beneficencia pública y vivir el rubor de ser hospitalizado entre mendigos, sino que sería un soldado a quien la sanidad de su ejército de paz atiende cuando ha sido baja en el servicio», aseguró en 1944 el ministro de Trabajo, José Antonio Girón de Velasco.

El estado de la sanidad española era “peor que el de muchos otros países en vías de desarrollo”, según el historiador Esteban Rodríguez Ocaña

“La propaganda insiste en que el seguro de enfermedad lo inventó Franco, pero la ley del seguro de enfermedad estaba en julio de 1936 admitida en las Cortes. No se la inventaron los franquistas. Ya había fake news entonces”, explica Rodríguez Ocaña, de la Universidad de Granada. Tras el seguro de enfermedad se aprobaron el de vejez e invalidez, en 1947; el de desempleo, en 1961; y todos ellos se unificaron en un sistema de seguridad social en 1963, según relata Rodríguez Ocaña en su libro Salud pública en España. De la Edad Media al siglo XXI.

Otros expertos ya han mostrado que la propaganda franquista no coincidía con la realidad, como constató Brockington en 1967. “Los hechos no encajan con el interés mediático mostrado por la dictadura hacia el problema sanitario”, señalan la historiadora Jerònia Pons y la economista Margarita Vilar en su libro El seguro de salud privado y público en España. Su análisis en perspectiva histórica, publicado en 2014. “La partida de presupuestos destinados a la Dirección General de Sanidad como porcentaje del presupuesto total del Estado permaneció estancada entre 1943 (1,05%) y 1958 (1,02%)”, apuntan las autoras.

Primera página del 'Informe Brockington'.
Primera página del ‘Informe Brockington’. ESTEBAN RODRÍGUEZ OCAÑA
“Las recomendaciones de Brockington se quedaron en un cajón”, lamenta Rodríguez Ocaña. En 1936, el Ministerio de Sanidad era una bandera enarbolada por la República. La anarquista Federica Montseny había cogido las riendas del gabinete, convirtiéndose en la primera mujer ministra de un Gobierno español. Pero todo desapareció con la guerra civil. El Ministerio de Sanidad no se recuperó hasta 1977, dos años después de la muerte del dictador.

Durante su estancia en España, Brockington dispuso de un despacho en la Dirección General de Sanidad, en Madrid. Desde allí, viajó por varias provincias españolas para obtener información de primera mano. En su informe, el experto también denunciaba el pluriempleo de los médicos españoles. Rodríguez Ocaña ha encontrado unas notas autobiográficas en los archivos de la Universidad de Manchester en las que Brockington recuerda asombrado que el director de la Escuela Nacional de Sanidad, Valentín Matilla, compaginaba su empleo con otros 16 cargos. “Esa no era manera de trabajar”, sentencia el historiador.

Brockington alertó del “desierto estadístico” que impedía conocer el estado real de la sanidad en España

Rodríguez Ocaña y Ballester sí reconocen algunas mejoras llevadas a cabo por el régimen franquista, como la erradicación de la malaria y la disminución de la mortalidad infantil. Antes de la guerra civil, entre 1930 y 1934, de cada 1.000 nacidos vivos morían 120 niños antes de cumplir un año, frente a los 80 de Francia. El número fue cayendo durante la dictadura, llegando a 70 en 1950 (52 en Francia) y a 28 en 1970 (15 en Francia), según los estudios de la socióloga Rosa Gómez Redondo.

Ballester pone el foco en el “desierto estadístico” que confirmó Brockington. “Ni siquiera había estadísticas. ¿Cómo iban a actuar las autoridades?”, reflexiona Rosa Ballester. “En el caso de la polio, había niños pequeños que quedaban paralíticos o no podían respirar. Cuando algunos de los gerifaltes españoles acudían a congresos internacionales presumían de contar con respiradores, los llamados pulmones de acero, en todas las provincias, pero cuando venían los observadores de la OMS veían que había tan pocos aparatos que los médicos tenían que elegir qué niño moría y cuál vivía”.

Rutas comerciales coloniales.

Fuente de la imagen: http://www.movehub.com/blog/colonial-trade-routes

Fuente: El Blog Salmón y Movehub.

Autor: Max Holloway, Wednesday, 24 September 2014

Movehub es una interesante web de servicios a expatriados, de cuyas infografías nos hemos hecho eco más de una vez. Hoy vamos con unas de sabor histórico, concretamente una representación gráfica sobre las rutas comerciales coloniales de España, Reino Unido y Holanda.

Tras digitalizar los diarios de a bordo de navíos de estos tres imperios comerciales de 1750 a 1850 han construido la siguiente representación con las rutas desarrolladas por cada embarcación.

rutascomerciales.jpg

Vemos la existencia de unos claros patrones, de unas autopistas marítimas comerciales, aunque quizás en el caso español, los datos llegan un tanto tarde, ya que a partir de 1810 comienza el proceso independentista en buena parte de las colonias americanas.

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¿Existe el nacionalismo español?

 

EVA VÁZQUEZ

Fuente: El País. 10 MAR 2015

Autor: Francesc de Carreras.

Mi viejo y querido amigo Luis Feduchi me reprochó hace unos meses que en mis artículos sólo tratara del nacionalismo catalán y muy poco, o nada, del español. Le prometí escribir sobre el tema. Ahí va el artículo, Luis.

Aclaremos el punto de partida. Nacionalismo deriva de nación, pero no de cualquier concepto de nación sino, al menos en el contexto europeo moderno, de uno específico: del concepto de nación identitaria (o cultural), muy distinto al de nación jurídica (o política).

Sin entrar en complejas disquisiciones, entendemos por nación identitaria aquella comunidad cuyo vínculo de unión entre las personas que la componen está basado en un sentimiento de pertenencia debido a compartir ciertos rasgos peculiares que condicionan o determinan su personalidad individual. Estos rasgos, de naturaleza más o menos objetiva, suelen ser una lengua, una religión, una raza, un pasado histórico común, una cultura, un territorio o unas arraigadas costumbres. Se considera que tales rasgos —todos, algunos o solo uno de ellos— confieren una identidad colectiva nacional que genera una corriente de afecto mutuo y de solidaridad entre sus miembros, capaz de crear una sociedad diferenciada respecto de su entorno.

Muy distinto es el concepto de nación jurídica (también denominada nación política). Desde esta perspectiva, la nación está formada por un conjunto de personas libres e iguales en derechos, es decir, por ciudadanos, que residen en un determinado territorio y cuyo vínculo de unión es una Constitución elaborada y aprobada por ellos mismos o por sus representantes. Su función consiste en delimitar el ámbito de libertad de estos ciudadanos mediante normas jurídicas y garantizarlo mediante órganos institucionales. A este conjunto de normas y órganos le denominamos Estado de Derecho y, si asegura la igual libertad de todos, le añadimos los calificativos de democrático y social.

 

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Así escondió Franco en España a Beria, el ‘carnicero’ de Stalin.

Beria, con la hija de Stalin en brazos y el dictador al fondo.

Fuente: El Confidencial, 13/03/2015.

Autor: Germnán Sánchez.

Torcuato Luca de Tena, director de ABC, soñó pasar a la historia con un titular de alcance mundial: Así escondió Franco en España a Beria, el carnicero de Stalin. Víctima de un aventurero internacional de nacionalidad nicaraguense y orígenes malagueños, llamado Fabio Gallo, que le vendió, estando de vacaciones en Torremolinos, la exclusiva de la presencia de Beria en España, Luca de Tena se atrevió a salir, sin pasar por la censura, y sin pruebas, afirmando que Beria estaba en España. Se lo hicieron pagar con su fulminante destitución.

La historia, que relata Juan Benet en su impagable Otoño en Madrid hacia 1950, sucedió hace 62 años y la protagonizaron dos personajes: Domingo Dominguín y Lavrenti Beria, quien controló la policía política de la URSS de Stalin entre 1938 y 1953. Su principal ‘logro’ fue la eliminación del rival del dictador, Trotski, antes de que en 1941 comenzase la invasión nazi de la URSS, y tejer la red de espías atómicos que, cuatro años después de Hiroshima, pondrían la bomba en manos de la Unión Soviética.

La muerte de Stalin en 1953 llevó a la destitución de Beria que, súbitamente retirado de la escena política, se hallaba en un lugar desconocido. Domingo, uno de los dos hermanos  de Luis Miguel Dominguín, fue torero, empresario y miembro del Partido Comunista de España. Los Dominguín eran cosa aparte. Su hermano Luis Miguel tenía acceso, a la vez, a un exiliado, caracterizado comunista, Pablo Picasso, y a Francisco Franco. Joaquín Jordá, amigo de Domingo Dominguín, contaba que en una cacería Franco le preguntó: “Dígame, Dominguín, ¿quién es el comunista de los tres?«. Y Luis Miguel contestó: «Los tres, mi general, los tres”.

La deuda que aplastó en el XIX a los imperios español, chino y otomano

Fuente: Diario «El Mundo», 26/01/2015.
Autor: JUAN JOSÉ RIVAS MORENO

«Siempre se ha visto que, cuando un gobierno hipoteca sus ingresos para pagar la deuda, éste está destinado a hundirse en un estado de languidez, inactividad, e impotencia. [Las consecuencias del endeudamiento] deben ser por necesidad una de estas dos: o bien la nación destruye la deuda pública, o bien la deuda pública destruye a la nación. Las dos no pueden coexistir». En el contexto del ascenso de partidos anti-austeridad como Podemos en España y Movimiento Cinque Stelle en Italia, y tras la victoria de Syriza en las elecciones griegas, la repudia de la deuda nacional contraída con Europa se ha convertido en el tema principal de la especulación tanto política como económica.

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