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La pandemia franquista de la que nadie habla

La poliomielitis adquirió carácter pandémico a finales de los años 40, y alcanzó mayor intensidad entre los 50 y principios de los 60.

Autor: Javier Merino

Fuente: elsaltodiario.com 19/11/2020

La dictadura nacionalcatólica ocultó deliberadamente la pandemia de poliomielitis, acaecida entre los años 50 y 60, en aras de construir una artificiosa raza española. Hoy viven en el Estado español entre 40.000 y 50.000 supervivientes de una enfermedad hoy dada prácticamente por erradicada. Reclaman un reconocimiento como víctimas del franquismo.

“Dios mató a mi madre cuando estaba dando a luz. Dios me dio un ladrón por padre. Cuando era veinteañero, Dios me dio la polio, que contagié una vez a una docena de niños, probablemente más, incluida la hermana de Marcia, incluido usted, casi con toda seguridad. (…) ¿Hasta dónde debería llegar mi amargura? Dígamelo usted”.
Philip Roth, Némesis.

A finales del pasado mes de agosto, los medios de comunicación pasaron de puntillas por una noticia de una importancia histórica considerable: se había logrado erradicar la poliomielitis en África, un virus que mata la musculatura. Hubo quien lo hizo notar en redes sociales con excesiva euforia creyendo que lo habíamos vencido definitivamente —entre los que me incluyo— pero lo cierto es que el virus todavía no ha sido erradicado totalmente en el mundo. Aún hay casos en Afganistán y Pakistán. No obstante, es una noticia de enorme relevancia, puesto que se trata de una enfermedad de consecuencias terribles para la que no existe cura y a la que solo es posible eliminar mediante la prevención, es decir, con una vacuna que es efectiva al 100%.

La poliomielitis siempre ha estado entre nosotros y, como en muchas otras cosas, los egipcios fueron los primeros en dejarnos una clara evidencia de su existencia en una estela del Reino Nuevo. Pero entre los siglos XVIII y XIX se comenzaron a experimentar brotes hasta que en el siglo XX se declaró una pandemia. A lo largo de la historia, grandes personajes han sido víctimas de ella, entre ellos, el emperador Claudio, Franklin Delano Roosevelt, Frida Kahlo, Arthur C. Clarke, Francis Ford Coppola o el físico Robert Oppenheimer.

Ahora todo es covid-19. Yo suelo decir que, incluso quienes no hemos padecido el virus (o eso creemos), sufrimos las consecuencias de su existencia. Desde marzo, ni un solo día hemos dejado de hablar de ello; ni un solo día hemos podido ver un programa en televisión en el que no se hable de ello; ni un solo día hemos podido leer un periódico o revista que no mencione el virus; ni un solo día sin temor. El virus nos ha infectado doblemente, y su impacto ha sido tan grande que, rápidamente, se buscaron precedentes de pandemias en la historia, apareciendo al momento la peste negra del siglo XIV, la gripe de 1918 o la viruela. Pero apenas ningún medio ha rescatado la pandemia de poliomielitis que hubo en la España franquista entre finales de los años 50 y principios de los 60 del siglo pasado. ¿Por qué motivo? Puedo entender que esto lo omita el panfleto que dirige Jiménez Losantos, pero no concibo que los grandes medios de comunicación se lo hayan callado.

Al ser de pago, la mayor parte de la población no pudo permitírse la vacuna

La poliomielitis podía matar fulminantemente y, en el mejor de los casos, dejaba gravísimas secuelas paralíticas. En nuestra memoria quedan los famosos pulmones de acero, que se convirtieron en una cárcel de la que muchos no podían salir si querían seguir vivos. Ahora vemos por las calles personas en sillas de ruedas, con muletas, con bastones, con órtesis o prótesis en las piernas que les son absolutamente imprescindibles para desplazarse. Forman parte del paisaje, son las víctimas vivientes de la polio, un virus que ha afectado a uno de los grupos poblacionales más vulnerables: los niños. A modo de comparación, podemos decir que el número reproductivo básico (R0, variable por la que se estima la velocidad con que una enfermedad puede propagarse) de la covid-19 oscila entre 1 y 3,5, mientras que el de la polio oscila entre 5 y 7. La poliomielitis pasó a ser el problema de salud pública más aterrador de la época de la posguerra, tanto en EE UU como en Europa. Sobran las palabras.

España, con la instauración de la dictadura franquista, quedó excluida hasta 1950 de varios organismos internacionales. A consecuencia de ello, hubo un retroceso científico y en la modernización sanitaria por los efectos de la contienda y por el exilio forzoso de grandes figuras de la ciencia y de la medicina. Además, la pobreza y las condiciones de posguerra provocaron una elevación de la morbilidad y mortalidad por enfermedades infecciosas. La poliomielitis adquirió carácter pandémico a finales de los años 40, y alcanzó mayor intensidad entre los 50 y principios de los 60 hasta la primera campaña de inmunización; casi nueve años después de disponerse de la vacuna inyectable Salk, y tres después de contarse con la vacuna oral Sabin. Este hecho refleja la resistencia del régimen franquista a reconocer que la polio constituía un importante problema de salud pública en nuestro país. No lo hizo hasta 1958, en la inauguración del V Simposio de la Asociación Europea contra la Poliomielitis celebrado en Madrid.

A partir de ese año, la Dirección General de Sanidad (DGS) dio comienzo a una campaña de vacunación engañosa. A pesar de que Salk se negó a hacerse multimillonario patentando la vacuna (su respuesta “no hay patente, ¿acaso se puede patentar el sol?”, ha quedado para los anales de la historia), los dirigentes españoles consideraron que las características de la vacuna complicaban la labor, tanto por administrarse en tres dosis inyectables —lo que implicaba tiempo y personal— como por la necesidad de conservación —lo que se traducía en un encarecimiento para su traslado y aplicación—. Este fue el motivo esgrimido por el Gobierno para que la vacunación no fuese gratuita. Como consecuencia, al ser de pago, la mayor parte de la población no pudo permitírsela.

No hubo ninguna tipo de ayuda a las víctimas de la poliomielitis, ni durante la pandemia ni en los años que siguieron

Agobiado por las presiones internacionales, el 26 de enero de 1963 el Ministerio de Gobernación español dictaba las pautas para proceder a la vacunación antipoliomielítica en los niños a través de una Orden enmascarada bajo el título Normas en cuanto a las obligaciones y facultades de la Dirección General de Sanidad en materia de Medicina Preventiva (vacunación antipoliomielítica). Nuestra dictadura fascista dictaba políticas para la “protección de la infancia” —interpretada por el franquismo como bien social antes que como sujetos—, que habían derivado más hacia la enseñanza y el adoctrinamiento que hacia una mejora de la sanidad pública. En este contexto, la enfermedad y sus secuelas fueron un desafío al discurso del régimen pronatalista y regeneracionista; el niño poliomielítico chocaba con el pueblo sano y fuerte concebido para forjar una España imperial, grande y libre.

No hubo ninguna tipo de ayuda a las víctimas de la poliomielitis, ni durante la pandemia ni en los años que siguieron. Los afectados tuvieron que utilizar sus propios medios económicos, por un lado, para salir adelante, encontrar la información necesaria y acceder a medidas de rehabilitación; y, por otro, para mejorar su calidad de vida mediante la adquisición de aparatos ortopédicos, la realización de adaptaciones en su vivienda, así como procurarse una formación profesional que les permitiera su integración en la sociedad y su independencia económica.

No existe estadística fiable sobre cuántos sobrevivientes de la poliomielitis de mediados del siglo pasado existen en la actualidad. En el mundo se estima que pueden ser unos 20 millones de personas, distribuidas por todos los países. En España cabe pensar entre 40.000 y 50.000. Por tanto, podemos concluir que la cantidad de contagiados fue mayor, pero los datos son imposibles de contrastar puesto que con la modernización sanitaria llevada a cabo con el advenimiento de la democracia, muchos expedientes e informes fueron destruidos en hospitales y centros sanitarios. Lo cierto es que se desconoce el número de muertos reales en estos últimos 70 años.

Pero esto no es todo, desgraciadamente no hemos llegado aún al final de este vía crucis. La enfermedad produce unas secuelas que deterioran gravemente la calidad de vida durante el proceso de envejecimiento. Es el llamado Síndrome Pospolio (SPP). El término hace referencia al desarrollo de nuevos síntomas neurológicos, en especial debilidad muscular, atrofia y fatiga musculares nuevas que no son explicables por ninguna otra causa médica, y que aparecen después de más de 15 años de la infección aguda. Se estima que afecta del 20% al 85% de individuos con antecedentes de poliomielitis en la infancia. Las secuelas son terribles: los afectados experimentan una mayor sensibilidad al frío y los dolores en espalda, extremidades superiores e inferiores, zona lumbar y zona del cuello son el pan nuestro de cada día. Otras partes del cuerpo que en principio se vieron libres del virus, ahora también experimentan dolor y deterioro al haber tenido que ser utilizadas más de la cuenta para auxiliar a las partes infectadas. Nada mejor que ver el documental de la TV3 Polio, crónica de una negligencia para comprender el alcance de la pandemia.

La dictadura impidió la vacunación universal gratuita, y cuando se vio forzada a actuar, era demasiado tarde. Miles de niños vieron sus vidas truncadas

Traer estos terribles hechos aquí y ahora tiene una doble motivación. En primer lugar, reflejar en qué consiste exactamente la responsabilidad de un gobierno en cuanto a la salud de los ciudadanos. Estamos viendo y oyendo a diario, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, hablar de la actuación criminal del actual gobierno. Soy el primero que admite, sin reservas ni concesiones, que ni este ni ningún otro gobierno en el mundo han actuado de la mejor manera posible en la lucha contra la pandemia. Pero esto se ha debido más a la facilidad con la que se contagia el virus, a que la movilidad es un elemento catalizador de su propagación, a nuestra propia irresponsabilidad personal que deriva en actitudes insolidarias, y a que nos enfrentamos a algo para lo que no existe antídoto.

Más que negligencia ha habido desconocimiento. Más que premeditación o alevosía, ha habido improvisación. Pero con lo ocurrido en España con la pandemia de polio tenemos un claro ejemplo de lo que es una actitud claramente criminal. La dictadura impidió la vacunación universal gratuita, y cuando se vio forzada a actuar, era demasiado tarde. Miles de niños vieron sus vidas truncadas.

En segundo lugar, evidenciar públicamente algo que quienes contrajimos la enfermedad ya sabemos: somos, afortunadamente, una especie en vías de extinción. Cuando nosotros hayamos desaparecido del mapa, el virus ya habrá sido totalmente derrotado y no habrá más enfermos de polio. Y no queremos indemnizaciones, no queremos compasión, no buscamos venganza, ni siquiera justicia porque eso ya es imposible. Lo que nos gustaría a muchos como yo es que se nos reconozca como víctimas del franquismo. Porque a pesar de que los partidarios de la República asistimos con resignación a la muerte o desaparición de nuestros padres o abuelos, con la polio también sufrieron las consecuencias muchos partidarios del régimen, convirtiéndonos así a todos en una secuela viviente de aquella infame dictadura nacionalcatólica que ocultó deliberadamente el problema en aras de construir una artificiosa raza española. Los anticuerpos españoles no funcionaron y dieron pie a una prolongación en el tiempo de la Leyenda Negra.

A propósito de los soldados de Franco: represión, disciplina, vigilancia y silencio

Autora: Patricia Martínez Fernández

Fuente: Nueva Tribuna 13/07/2020

¿Quién formaba el ejército sublevado? Hasta hace unos años, nadie en el mundo historiográfico y social se preguntaba esto. Se daba por hecho que se trataba de militaristas y contrarrevolucionarios procedentes de partidos de la derecha reaccionaria y causantes de la represión. La misma impresión tenía la ciudadanía, en la que se daba por sentado que el ejército era fascista y se repetía el mantra de “a mi abuelo (o padre) le tocó ir porque vivía aquí”. Se tenía una vaga idea de quiénes eran, pero se desconocía su historia. La investigación previa de Soldados de Franco. Reclutamiento forzoso, experiencia de guerra y desmovilización militar (Siglo XXI, España), de Francisco J. Leira, se centra en responder a esa pregunta, sin sospechar que la respuesta era muy compleja.

Retrocedamos en el tiempo. A partir del 8 de agosto de 1936, se envió a miles de jóvenes al frente para luchar en una guerra civil que no habían provocado y que no entendían ni deseaban, una confrontación armada que rompía esquemas de vida y planes de futuro. La movilización se desarrolló como consecuencia del fracasado golpe de Estado de julio de 1936, que encabezó una parte de la jerarquía militar. La movilización forzosa se inició por la necesidad de incrementar la tropa para combatir en una lucha de duración desconocida cuyo objetivo era controlar a la sociedad en retaguardia. El reclutamiento se extendió desde el 8 de agosto de 1936 hasta el 9 de enero de 1939 e incluyó a todos los varones nacidos entre el año 1907 y el año 1920.

La recluta forzosa y el terror formaron parte de un solo cuerpo que sirvió para nutrir de hombres al ejército, evitando las huidas y teniendo fiscalizada la retaguardia, en clara conexión entre represión y necesidades bélicas

Es destacable la maquinaria represiva que desarrollaron los golpistas, tanto a través de los juicios sumarísimos que se pusieron en marcha tanto por la declaración del estado de guerra como por las milicias civiles formadas al calor del golpe, controlado todo ello siempre por el ejército insurgente. La meta era romper los lazos de solidaridad de una sociedad civil compleja. La recluta forzosa y el terror formaron parte de un solo cuerpo que sirvió para nutrir de hombres al ejército, evitando, en la medida de lo posible, las huidas, y tener fiscalizada la retaguardia, clara conexión entre represión y necesidades bélicas. Todas las familias se vieron relacionadas con los nuevos poderes, por motivos como la movilización forzosa, la muerte, el encausamiento, o el ser testigo o delator. Este fenómeno vino acompañado por una movilización civil que se organizó en torno a milicias, que resultó insuficiente para que triunfase el golpe, pero relevante en términos numéricos, y que ayudó a recrudecer la presión social y la represión. La idea del escenario de violencia es crucial, pues revela que la aparente –solo en la retórica insurgente– recluta masiva y entusiasta fue en realidad un mecanismo de supervivencia de todo tipo de individuos.

El bagaje sociopolítico y cultural llevado a cabo desde finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX no es en absoluto desdeñable. Se había formado una sociedad civil compleja que había traído consigo espacios de socialización donde los individuos se manifestaban y desarrollaban formas críticas de entender la realidad en que vivían, no exclusivamente de corte político, sino también social, íntimo y familiar. El golpe de Estado quebró inmisericordemente esos cimientos. Afectó especialmente a los jóvenes sujetos a movilización ante el encuadramiento militar que estaban desarrollando las fuerzas golpistas, con excepción de las quintas de menor edad. Esto se comprobó con la resistencia activa al golpe (des)organizada por organizaciones políticas del espectro de la izquierda, pero también con la oposición al reclutamiento militar que, a menudo de forma individual, realizaron muchas personas.

La respuesta fue diversa. Es prácticamente imposible cuantificar y encuadrar los comportamientos sociales adoptados por la ciudadanía ante el reclutamiento. Basta asomarse a las páginas de Soldados de Franco (Siglo XXI España) para que quede claro que el perfil de los combatientes del ejército sublevado fue mucho más complejo que el elaborado por las simplificaciones discursivas del pasado y que, tristemente, aún predominan en el presente y nos imposibilitan ser objetivos y aprender de ello como correspondería a una sociedad adulta.

Por lo tanto, ese ejército diverso obligó a los mandos golpistas a establecer una maquinaria de vigilancia y castigo que se fue perfeccionando a medida que avanzaba la contienda.En el frente de guerra se impusieron la integración, la disciplina, la vigilancia y el castigo. A partir de la formación del primer Gobierno franquista se desarrollaron las medidas más eficientes y crueles para el control de los combatientes. Estas manifestaban un doble deseo: asegurar la victoria militar y la implantación, a través de la fuerza, del nuevo régimen. El papel de estas reglas coercitivas fue fundamental para la represión sociopolítica desarrollada en la posguerra. A todo ello contribuyó sobremanera el Servicio de Información, que generó informes de todos los territorios que conquistaban y de los soldados que se integraban en sus filas, un trabajo coordinado por el SIMP, con la ayuda de la Guardia Civil, de los gobernadores provinciales y de todos los civiles y militares que esperasen obtener réditos sociopolíticos del nuevo contexto.

Abundando en ello, hay que señalar que se hacía partícipe del sistema punitivo a todos los miembros del ejército. Cuando se abría un juicio dentro de un regimiento, testificaban todos los compañeros del batallón. De esta forma, se intentaba que los compañeros se convirtiesen en elementos de disuasión frente a posibles actitudes discordantes mediante el miedo a ser objeto de represalias. En definitiva, el bando sublevado desarrolló un sistema coercitivo y disciplinario que no podría haberse llevado adelante sin la participación, en ocasiones forzada e indeseada, de los miembros que componían su ejército.Así pues, a la sensación de ser vigilados, al miedo, a la supervivencia individual, familiar y colectiva, habría que sumarle la culpabilidad por convertirse en los ejecutores de las órdenes de Franco. No en vano fueron estas las herramientas que empleó el franquismo para asentarse socialmente durante la posguerra.

El fin de la guerra civil española estuvo plagado de dificultades, al contrario de lo que se le había hecho creer a la sociedad durante la guerra. En abril de 1939 flotaba en el ambiente la sensación de que, con el cese de la violencia, se volvería a la normalidad, pero aquella España previa al golpe del verano de 1936 quedó diluida para siempre con la implantación de una dictadura militar fascistizada y ultracatólica que se impuso durante cuarenta años. En su mayoría, los soldados republicanos fueron enviados al abarrotado sistema carcelario franquista. Por su parte, en el ejército sublevado existía la sensación de que, con el fin de la guerra,llegaría el fin de su vida militar, pero tampoco eso ocurrió. Tras el parte de la victoria no fue desmovilizado ninguno de los reemplazos. Muchos no volvieron a sus casas hasta finales de año, y en ocasiones, debido a la legislación, se les volvió a llamara filas en los años cuarenta por los problemas coloniales del Rif. Así, el fin de la guerra no supuso la desmovilización militar, puesto que todos tuvieron que pasar revista y estar localizables, por si el “Nuevo Estado” los necesitaba, una situación que se extendería hasta mediados de la década de los años cincuenta.

Por lo demás, la desmovilización también presentó dificultades. A esta realidad hay que sumarle la mala planificación económica del Estado franquista, que quiso aplicar una política autárquica que solo reportó más miseria a un país ya arruinado por la guerra. Esto causó que las medidas desarrolladas para mitigar el paro obrero, como el Servicio de Reincorporación al Trabajo y la Delegación Nacional de Excombatientes fuesen un fracaso, hasta tal punto que muchos ya ni acudían a él.

Del mismo modo, existieron consecuencias sociales, pues el pasado quedó sepultado en la memoria de quienes lo vivieron y se aceptaron las normas impuestas por el “Nuevo Estado”. En este sentido, muchos mantuvieron el silencio en la posguerra y no se atrevieron a transmitir sus recuerdos de la Segunda República, el golpe y la guerra a sus hijos ya décadas más tarde. La mayoría de los excombatientes intentó adaptarse y convivir con sus propios demonios, aquellos que entraron en su mente a causa de la experiencia de guerra, una de las más desagradables que puede vivir un hombre.

Esta intrahistoria terrible que subyace tras los legajos que reposaban en diversos archivos merece ser conocida y reconocida, tanto por los que no supieron de ella en las clases de Historia de hace dos o tres décadas como por los estudiantes actuales, así como por toda la sociedad. Las inhumanas vivencias que soportó toda la población, el dejar en suspenso un país durante cuarenta años y la imposición de la ley del silencio no favorecen la integración de nuestro país en un mundo que está cambiando a gran velocidad. Es necesario comprender lo que sucedió en ambos bandos y conversar sobre ello, honrar a las familias que vieron truncadas sus vidas y asimilar que no puede repetirse o el futuro, que ya es presente, nos sorprenderá de nuevo con el paso cambiado y volveremos a quedar fuera.

soldados de franco

Título: Soldados de Franco. Reclutamiento forzoso, experiencia de guerra y desmovilización militar.
Editorial: Siglo XXI España
Lugar: Madrid
Páginas: 347
Premio Miguel Artola a Historia Contemporánea, 2018.

Premio Ciencias Sociales Juana de Vega, 2012.

Mención honorífica en el concurso de ensayo histórico George Watt de la ALBA-VALB, 2012.

Los ‘criminales contra la Humanidad’ a los que Franco dio título nobiliario

Autor: Antonio Seoane

Fuente: Nueva Tribuna 19/06/2020

Expusimos las dudas que nos plantea que los títulos nobiliarios puedan ser considerados entre las honores y distinciones a que se remite el art. 62 f) de la Constitución. Y afirmamos la inexistencia de leyes que regulen la concesión de títulos, de manera que en ausencia de una regulación legal podría no caber, bajo pena de nulidad, la concesión por el Rey de honores y distinciones. Porque la competencia real para conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones ha de ejercitarse “con arreglo a las leyes”. Lo que quiere decir que exige un marco legal. Esa mención sería innecesaria si fuera una competencia ejercitable de manera discrecional.

Sin embargo hay que constatar que la entrada en vigor de la Constitución no alteró el funcionamiento en la materia, sin que nos conste que en momento alguno se haya cuestionado el régimen nobiliario. Con la única diferencia de que la competencia pasó sin solución de continuidad del difunto al Rey Don Juan Carlos I. En el Ministerio de Justicia siempre ha habido una dependencia dedicada a esta cosa de los títulos nobiliarios y en el Ministerio de Hacienda del mismo modo hay un negociado, escasamente rentable, que cobra el simbólico impuesto sobre la sucesión y rehabilitación de títulos nobiliarios. Por último continuó funcionando la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España y Títulos del Reino creada por una decisión real de 1815, como representación del Cuerpo que desarrolla cierta actividad pública. Una suerte de Sindicato de desocupados al que un Dictamen de 22 de Abril de 1999 del Consejo de Estado configura como Corporación semipública. Y naturalmente siguió la tramitación de concesiones, sucesiones y rehabilitaciones de títulos, todo ello dentro de una continuidad de facto.

Pero los problemas jurídicos estaban ahí, al acecho. Y, al albur de los diferentes intereses, pronto se hicieron presentes ante los Tribunales de Justicia y llegaron incluso al Tribunal Constitucional. Y estos problemas sustancialmente tenían que ver con el acomodo del derecho consuetudinario que rige las sucesiones en los títulos nobiliarios con el principio de igualdad y no discriminación establecido en el art. 14 de la Constitución. Significativamente no nos consta impugnación alguna directa de la constitucionalidad de los títulos nobiliarios, en sí. En lo judicial. Porque en el ámbito del debate político sí se ha impugnado la concesión de títulos por Franco a algunos de los militares que le acompañaron en el Golpe y a los que incluso se califica de ‘criminales contra la Humanidad’. Judicialmente solo se han discutido las preferencias sucesorias. En concreto:

1.- Si puede preterirse a un sucesor al título por el hecho de haberse “malcasado”. Y cuando en estos ambientes se refieren a “malcasamientos” no aluden a que el/la esposo/a sea feo/a, gordo/a, borrachuzo/a o infiel. Malcasamiento es casarse con un plebeyo/a y no con alguien de la misma pureza sanguínea. Obviamente a quien se le denegó la sucesión en el título por tales razones, se creyó amparado por el art. 14 de la Constitución que prohíbe la discriminación por razón de nacimiento o condición social.

2.- Si puede preterirse a la primogénita mayor en favor del varón de menor edad. Porque la preferencia por heredar del varón sobre la mujer primogénita parece que entra en conflicto claro con el art. 14 de la Constitución que prohíbe la discriminación por razón de sexo. Si ha de heredar el primogénito, lo hará con independencia de su sexo,

3.- Y si puede preterirse al hijo primogénito en la sucesión del título por el hecho de haber sido concebido fuera del matrimonio. Porque el art. 14 de la Constitución prohíbe la discriminación por razón de nacimiento y el art. 39.2 garantiza la igualdad de los hijos con independencia de la filiación.

Si a cualquiera de nosotros se nos preguntara por el desenlace de esos litigios, nos atreveríamos a aventurar una respuesta afirmativa de los tribunales de justicia y del Tribunal Constitucional a semejantes pretensiones. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, que no ha asistido a cursos de formación en perspectiva de género, sienta una doctrina absolutamente discutible e instrumental en cuya virtud concluye que el principio de no discriminación no es de aplicación a esta materia por las razones que expondremos. Y por consiguiente la sucesión en el título se rige por la “carta de concesión real” del mismo. Y si en ella se prevé que el malcasado pierde el derecho a la sucesión o que el varón tiene preferencia sobre la mujer, a ello ha de estarse (Sentencias del Tribunal Constitucional de fechas 24 de Mayo de 1982 núm. 27 y 3 de Julio de 1997 núm. 126). El tercer supuesto no fue necesario que fuera resuelto por el Tribunal Constitucional pues, siendo la doctrina constitucional vinculante para los Tribunales de Justicia, el Tribunal Supremo por Sentencia de fecha 8 de Marzo de 2016 desestimó la pretensión del hijo extramatrimonial de suceder en el título por la misma razón. Todas ellas con Votos particulares discrepantes.

Por decirlo de otra manera, en la misma realidad espacio-temporal, esta España nuestra, pero en diferentes dimensiones están los nobles, a los que no se aplican los principios constitucionales, y el resto de los mortales a los que sí les son de aplicación. De aquí debió sacar Amenábar la idea de su película “Los Otros”. Y paradójicamente quién establece esa doctrina es quien tiene encomendado velar por la aplicación y efectividad de los derechos constitucionales.

Podría el Tribunal Constitucional haber parodiado a George Wells (Rebelión en la Granja) con el famoso principio de que “todos los animales son iguales pero algunos son más iguales que otros” y afirmar que las personas son iguales con independencia de con quien se casen, que son iguales con independencia de su sexo o de haber sido concebidos fuera o dentro del matrimonio, pero que indiscutiblemente son más iguales los que se casan con alguien de su alcurnia que los que se casan con plebeyos, más iguales los varones que las mujeres, y desde luego son más iguales los hijos matrimoniales que los extramatrimoniales. La respuesta hubiera sido más coherente. O por lo menos nos habría hecho sonreír. Pero a esas alturas la falta de oxígeno obsta el sentido del humor.

En realidad es lo que se llaman Sentencias instrumentales en que el Tribunal Constitucional quiere entrar y entra. Pese a que no es competente y lo sabe. Y lo hace además incurriendo en incongruencia porque resuelve más de lo que las partes le proponen. Y eso no es precisamente bonito.

Es instrumental porque aunque está resolviendo sobre los títulos nobiliarios, en realidad lo hace pensando en otros colectivos con intereses más relevantes. En concreto, en la monarquía como forma de Estado que se funda en iguales principios que la nobleza. De exclusión de “malcasados”, de la mujer en favor del varón y desde luego del hijo ilegítimo (¡a saber quién podría acabar en el trono!). Y pensando también en la Iglesia Católica que no se atiene a ninguno de los principios constitucionales (exclusión generalizada de la mujer, inexistencia de democracia interna, etc.). Y así crea un espacio de inmunidad a los principios constitucionales. Por lo que hace a la institución monárquica el patinazo es histórico porque con el paso del tiempo resultó que nuestro actual Rey acabaría “malcasándose” con una plebeya el 22 de Mayo de 2004. Además es una Sentencia innecesaria y no constituye una verdad indiscutible porque a diferencia de la sucesión nobiliaria, que no está regulada en la Constitución, la sucesión en la Corona no solo está regulada, sino que se ha hablado de la eventualidad de reformarla para consagrar a partir de la siguiente generación la igualdad de hombre y mujer.

Es incongruente, porque en un pleito en que se está discutiendo la sucesión en un título, se pronuncia afirmando la constitucionalidad del sistema o régimen nobiliario. En concreto «no siendo discriminatorio y, por tanto, inconstitucional el título de nobleza tampoco puede serlo dicha preferencia». El argumento es de una falta de lógica absoluta, de lógica “parda” pues la conclusión no tiene nada que ver con la premisa, que además no es objeto del debate y que en modo alguno puede considerarse indiscutible.

En realidad, y como señala el Magistrado Don Francisco Rubio Llorente en su voto particular, el Tribunal Constitucional confunde dos instituciones diferentes, sobre las que no haremos especial hincapié por no incidir en cuestiones técnicas complejas: la derogación de la norma y su inconstitucionalidad. La Constitución decreta que “quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en esta Constitución”. En consecuencia no cabe analizar la inconstitucionalidad pues esta presupone que la norma está vigente y no derogada.

Y esa es precisamente la razón por la que el Tribunal Constitucional no debería haberse pronunciado sobre estas cuestiones. Porque la competencia para declarar la derogación de las normas preexistentes a la Constitución no incumbe al Tribunal Constitucional sino a los Tribunales ordinarios. Porque es un problema de jerarquía normativa y no un problema de comprobar si una norma vigente se atiene al mandato constitucional. Más cuando la materia se rige por derecho histórico (como el Código de Las Partidas) derogado pero que se dice conserva valor de derecho consuetudinario, no legal, y por Reglamentos (Ordenes y Decretos).

Finalmente el argumento utilizado por el Constitucional para situar la cuestión nobiliaria en una dimensión extra constitucional es realmente patético y falso. Considera que ostentar un título nobiliario “no supone en modo alguno en status o condición estamental y privilegiada ya que desde 1820 no es más que una preeminencia o prerrogativa de honor, un nomen honoris». En definitiva que es meramente simbólico y honorífico y “sólo despliega hoy sus efectos jurídicos en el ámbito de determinadas relaciones privadas”.

Para cualquier ciudadano medianamente intuitivo le bastaría oír cómo se dirige la Marquesa de Casa Fuerte al Vicepresidente del Gobierno en sede parlamentaria diciéndole que es Marquesa, para entender que lo que le está diciendo no es precisamente que su título es meramente simbólico y honorífico sino que ella “es más”, que en sustancia “es más”. Y si se considera subjetivo el argumento, una intuición objetiva podría llevarnos a la misma conclusión: si la ostentación es meramente simbólica y honorífica y carente de relevancia jurídica cómo se explican estos pleitos que recorren toda la vía administrativa, toda la vía judicial y llegan al propio Tribunal Constitucional, con devengo de importantes gastos y costas. ¿Minutones por nada?

Pero por encima de todo hay un argumento legal y por tanto objetivo que desacredita el razonamiento del TC. Hasta 1984 los Grandes de España lucraron el beneficio de disponer de pasaporte diplomático. Beneficio que fue derogado por RD 1024/1984, BOE núm. 129. Y este beneficio en modo alguno pertenece a la esfera privada, ni es simbólico ni honorífico. Más aún al estar vigente al aprobarse la Constitución en Diciembre de 1978 es una de las causas de que deba considerarse derogado, a la entrada en vigor de la Constitución, el régimen nobiliario globalmente considerado.

Por Ley 33/2006 de 30 de Octubre, las Cortes reprobaron la doctrina del Tribunal Constitucional estableciendo el principio de igualdad de hombre y mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios. En su Exposición de Motivos acepta, retuerce y vuelve contra sí los argumentos del Constitucional. «El principio de plena igualdad entre hombres y mujeres debe proyectarse también sobre las funciones meramente representativas y simbólicas, cuando éstas son reconocidas y amparadas por las leyes». Y “concluye que es justo que la presente Ley reconozca que las mujeres tienen el mismo derecho que los varones a realizar esta función de representar simbólicamente a aquél de sus antepasados que, por sus méritos excepcionales, mereció ser agraciado por el Rey». Con cita de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada en Nueva York el 18 de Diciembre de 1979 y ratificada por España en 1984.

En el Voto particular a la Sentencia del TS, que también hemos referido, los Magistrados discrepantes afirman: “La Constitución recoge valores y principios esenciales para la convivencia, que deben servir como guía en la interpretación de las normas jurídicas, cualquiera que sea la institución que regulen. No podemos abrir espacios blindados frente a la Constitución, por antigua que sea su data. No puede aceptarse que el derecho que regula los títulos nobiliarios sea inmune a los valores constitucionales, por lo que las normas de transmisión de los títulos nobiliarios deben interpretarse conforme a la Constitución y los Tratados internacionales”.

Todo ello si se pudiera concluir que todo el sistema no fue derogado de plano por la Constitución española.

Franco creó 300 campos de concentración en España, un 50% más de lo calculado hasta ahora

Los prisioneros abarrotan el campo de concentración habilitado en la plaza de toros de Santander BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

Autora: Belén Remacha

Fuente: eldiario.es 11/03/2019

Franco creó en España un centenar más de campos de concentración de los que se creía hasta ahora. Una investigación del periodista Carlos Hernández plasmada en su libro Los campos de concentración de Franco documenta 296 en total, a partir sobre todo de la apertura de nuevos archivos municipales y militares. Por los campos pasaron entre 700.000 y un millón de españoles que sufrieron «el hambre, las torturas, las enfermedades y la muerte», la mayoría de ellos además fueron trabajadores forzosos en batallones de esclavos. Estuvieron abiertos desde horas después de la sublevación militar hasta bien entrada la dictadura.

El estudio anterior más completo, de Javier Rodrigo, había documentado hasta 188 campos de concentración en todo el país. También en torno a 10.000 víctimas mortales entre los asesinados y los fallecidos a consecuencia de las condiciones vividas ahí, pero Hernández cree que «esa cifra se queda corta con estos nuevos datos. Es imposible documentar todos los asesinatos y muertes porque no dejaban registro, pero en solo 15 campos que han podido ser investigados en esto ya calculamos entre 6.000 y 7.000. No es una proporción exacta porque entre esos 15 estaban algunos de los más letales, pero nos hacemos una idea de que hay muchas más víctimas».

La comunidad autónoma que más campos albergó fue Andalucía, pero hubo por todo el territorio: el primero fue el de la ciudad de Zeluán, en el antiguo Protectorado de Marruecos, abierto el 19 de julio de 1936, y el último fue cerrado en Fuerteventura a finales de los años 60. El 30% eran «lo que imaginamos estéticamente como campos de concentración, es decir, terrenos al aire libre con barracones rodeados de alambradas. El 70% se habilitaron en plazas de toros, conventos, fábricas o campos deportivos, hoy muchos reutilizados», explica Hernández. Ninguno de los presos había sido juzgado ni acusado formalmente ni siquiera por tribunales franquistas, y pasaron ahí una media de 5 años. Sobre todo eran combatientes republicanos, aunque también había «alcaldes o militantes de izquierdas» capturados tras el golpe de estado en localidades que cayeron en manos del ejército franquista.

Prisioneros de las Brigadas Internacionales en el campo de concentración de San Pedro de Cardeña (Burgos). BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

Trabajos forzosos, hambre y torturas

En los campos de concentración de Franco se hacía una labor de «selección». Se investigaba a cada uno de los prisioneros, principalmente mediante informes de alcaldes, curas, y de los jefes de la Guardia Civil y la Falange de las localidades natales. A partir de ahí, clasificaban a los prisioneros en tres grupos, en términos franquistas: los «forajidos», considerados «irrecuperables», iban directamente a juicio, en el que se les decretaba cárcel o paredón. Los «hermanos forzados», es decir, los que creían en las ideas fascistas pero obligados a combatir en el bando republicano; y los «desafectos» o «bellacos engañados», los que estaban del lado republicano pero los represores valoraban que no tenían una ideología firme y que eran «recuperables».

Los «desafectos» poblaron de manera estable los campos de concentración y fueron condenados a trabajos forzosos. Durante la guerra estuvieron obligados a cavar trincheras, y al término del conflicto, principalmente a labores de reconstrucción de pueblos o vías. Sufrieron torturas físicas, psicológicas y lavados de cerebro: tenían que comulgar, ir a misa, o cantar diariamente el Cara al Sol, como ha documentado Hernández. También hay testimonios explícitos de hambrunas extremas, «la peor pesadilla de los prisioneros», enfermedades como el tifus o tuberculosis y plagas de piojos. Muchos de ellos fueron asesinados en el propio campo o por tropas falangistas que iban a buscarles, y otros muchos no sobrevivieron a la falta de alimento, higiene y atención sanitaria.

En noviembre de 1939, meses después del fin de la guerra, se cerraron muchos campos, «pero lo que sucede realmente es una transformación», relata el periodista. «La represión franquista era tan bestia y tenía tantas patas que evolucionó en función de las circunstancias. Franco, aunque aliado con Italia y Alemania, quería dar una buena imagen ante Europa, quería emitir una propaganda de respeto de los derechos humanos. Por eso oficialmente los campos terminan, pero algunos perduran durante mucho tiempo». El último oficial, también el más longevo, fue el de Miranda de Ebro (Burgos), que duró de 1937 a 1947.

Después hubo lo que Hernández denomina «campos de concentración tardíos», creados durante los años 40 y 50 y con denominaciones ya distintas. Fueron el de Nanclares de Oca (Álava), La Algaba (Sevilla), Gran Canaria y Fuerteventura, estos dos últimos para prisioneros marroquíes de la guerra del Ifni y cerrados en el 59. Durante el resto de la dictadura siguieron quedando vestigios: por ejemplo, en 1966 se clausuró la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía (Fuerteventura), en la que se encarcelaba y «reeducaba» a homosexuales.

Prisioneros haciendo el saludo fascista en el campo de concentración de Irún en Guipúzcoa BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

«Ha habido miedo a hablar»

Según Hernández, hay que «rehuir» la comparación que parece inevitable con los campos nazis. En primer lugar porque «al lado de Auschwitz, de millones de víctimas en la cámara de gas, cualquier crimen brutal parece menos crimen». Y en segundo porque el sistema franquista era muy diferente: así como en la Alemania nazi todo estaba más o menos estructurado y los dividían entre los de exterminio directo y los de exterminio por trabajo, los españoles eran mucho más heterogéneos y todo más «caótico». Los campos de Franco variaban mucho en tamaño, y la suerte y destino de los prisioneros dependía en muchos casos de las decisiones del propio oficial, que los había más y menos sanguinarios.

Sobre el papel, estos centros estaban destinados solo a hombres: «En la mentalidad machista y falsamente paternalista de los dirigentes franquistas, las mujeres no encajaban en los campos de concentración». Aunque sí hubo grupos de cautivas en algunos como en el de Cabra (Córdoba), ellas fueron sometidas a idénticas torturas sobre todo en las cárceles. Las prisiones, al igual que las unidades del Patronato de Redención de Penas que construyeron el Valle de los Caídos, no están incluidas en esta investigación. Hernández la ha limitado a lo que la propia documentación del régimen categoriza como ‘campos de concentración’ –además de los cuatro tardíos– porque «la represión fue de tal magnitud y tuvo tantas estructuras que para poder explicarla tienes que parcelarla».

La segunda parte del libro de Hernández, que se publica el próximo 14 de marzo, consta de testimonios de víctimas. Quedaban pocos supervivientes que pudieran contarlo pero el autor conversó directamente con media docena de los que fueran presos en uno o varios de los casi 300 campos de concentración. Todos ellos han fallecido en los últimos tres años, el último el pasado jueves, Luis Ortiz, quien pasó por el de Irún, por el de Miranda de Ebro y por el de Deusto.

Durante muchas décadas «ha habido vergüenza y miedo» a hablar. Además de esas conversaciones con los antiguos presos, mucho de lo recuperado por Hernández parte de publicaciones elaboradas durante la Transición y de documentos familiares: «Hubo mucha gente que dejó escritos a sus hijos y nietos de lo que ocurrió». Él anima a eso, «a preguntar a la abuela, al abuelo, por lo que pasó: en todas las familias españolas hay alguien cercano con historias sobre esto. No quiero que esto sea un punto y final a la investigación sobre los campos de concentración, sino un estímulo para reabrir el tema».

Prisioneros del campo de concentración de San Pedro de Cardeña (Burgos) trabajando en la construcción de una carretera cercana. BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

El Seiscientos, un símbolo social de la España del desarrollismo

Autora: Isabel Martín-Sánchez

Fuente: Revista de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, nº 61, 2019, 935-969 (https://doi.org/10.1387/hc.19535).

Resumen:

Uno de los símbolos más emblemáticos de la segunda mitad del siglo XX en España es el Seiscientos. Este vehículo, que recibió múltiples acepciones populares, como “pelotilla”, “Seílla”, “garbancito”, forma parte de la memoria colectiva y marcó a varias generaciones, debido, no solo a su alta demanda y difusión, sino a la amplitud del periodo de producción, que abarcó dieciséis años, desde los inicios de su fabricación, en mayo de 1957, hasta agosto de 1973, en los que se produjeron 794.406 unidades.

Pero el Seiscientos fue también el símbolo del periodo de “desarrollismo” de los años sesenta, en los que España experimentó una profunda transformación económica, social y cultural. Este utilitario fue representativo de un mayor status social: el de la clase media surgida de ese crecimiento económico.

Texto completo.

Imágenes de tres años de anarquísmo

Milicianos en el cuartel Bakunin (Bruc), en una foto de Antoni Campañà, de agosto de 1936. ARXIU CAMPAÑÀ

Autor: José ángel Montañés

Fuente: El País, 3/12/2019

El Arxiu Fotogràfic de Barcelona expone las fotografías de la Oficina de Información y Propaganda de la CNT-FAI (1936-1937)

El 21 de enero de 1939 las tropas franquistas estaban a las puertas de Barcelona, una ciudad exhausta y agotada por tres años de conflicto. Ante el inminente desenlace, los miembros de la Oficina de Información y Propaganda de la CNT-FAI deciden abandonar su sede en la cuarta planta de la casa CNT-FAI, de la vía Durruti (actual Fomento Nacional del Trabajo de Via Laietana). Con ellos se llevan 43 cajas de madera diseñadas para transportar fusiles Mauser con varias toneladas de documentación que cargan en un camión rumbo a Ámsterdam. Entre el material, miles de fotografías y negativos de la sección gráfica de la Oficina tomadas durante la guerra; uno de los fondos fotográficos propagandísticos más importantes de la historia del anarquismo ibérico. Pero el material tuvo que permanecer en Londres y Oxford durante toda la Segunda Guerra Mundial, antes de llegar a Ámsterdam debido a la ocupación nazi.

MÁS INFORMACIÓN

FOTOGALERÍA Barcelona, una ciudad de anarquía

Por fin, en 1947 ingresaron en la sede del Institut Internacional de Historia Social de Ámsterdam (IISG) un total de 2.288 fotografías, 5.590 negativos, 259 placas de vidrio de autores como Antoni Campañà, Katy Horna, David Marco, Margaret Michaelis y los Pérez de Rozas, entre otros fotógrafos reconocidos y anónimos. Poco se sabe de ella, solo que la dirigió Jacinto Toryho y vivió su mayor actividad entre julio de 1936 a mayo de 1937, momento en el que la ciudad se convirtió en referente de la lucha social y las reivindicaciones obreras. La oficina continuó en activo toda la guerra y convivió con el Comissariat de Propaganda de la Generalitat.

Casa CNT-FAI, situada en via Durruti (actual sede de Fomento Nacional del Trabajo de Via Laietana) en el segundo aniversario de la muerte de Durruti, en noviembre de 1938. AUTOR DESCONOCIDO

Pese a su importancia, hasta ahora no se había realizado una investigación, una publicación o un trabajo expositivo serio que pusiera en valor el impresionante legado gráfico de este movimiento, que ha permanecido 80 años casi inédito. Hasta ahora que el Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB) ha inaugurado la exposición Gráfica anarquista. Fotografía y revolución social, 1936-1939 en la que se expone (hasta el 16 de mayo, gratis) este rico y desconocido fondo.

Organizada junto con el Observatori de la Vida Quotidiana (OVQ), la Fundación Anselmo Lorenzo y el Ateneu Enciclopèdic Popular las imágenes dejan claro que la oficina realizó bien su trabajo ilustrando las bonanzas y conquistas revolucionarias. En las imágenes, de soldados en el frente, de campesinos realizando su labor o de trabajadores en los puestos, pero también ocupando los despachos que hasta hace poco tiempo ocupaban los dueños, no hay nada de naturalidad. Todo son posados rígidos sea en una enorme empresa textil o de soldados en el cuartel del Bruc tomado las instalaciones por las armas.

La exposición, comisariada por Andrés Antebi, Pablo González Morandi, Teresa Ferré y Roger Adam, muestra gran parte de estas imágenes y algunos de los diarios, revistas, opúsculos, boletines, libros en el que se difundieron. También en el cine, como en la cinta Reportaje del movimiento revolucionario en Barcelona, la primera película que se hizo de la Guerra Civil,

Miembros de la Junta de la sección de técnicos del sindicato de Agua, Gas, Electricidad y Combustible de la CNT de Barcelona, en 1937. PÉREZ DE ROZAS (ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA)

“De la revisión de todo el material se deduce que se trata de una iniciativa más organizada y menos anárquica de los que podía parecer, en la que todo está perfectamente planificado”, explican los comisarios. En la exposición queda patente el interés por romper con la imagen estigmatizada de que el anarquismo era sinónimo de violencia, irracionalidad y pobreza. Para acabar con todo eso, produjeron una iconografía propia como la de los sanos e imponentes retratos de milicianos de Antoni Campañà.

En la muestra destaca el trabajo de una fotógrafa comprometida como Katy Horne que vino a fotografiar el conflicto de primera mano. En el otro extremo las imágenes de la saga, padre e hijo, de los Pérez de Rozas, que “sorprendentemente por su ideario conservador” fotografiaron las colectivizaciones de los obreros y campesinos pagados por los recursos de esta oficina anarquista. Entre medio un buen número de profesionales y aficionados que con sus fotos (a 10 pesetas cada una) inmortalizaron el momento.

El archivo permaneció sin abrir hasta 1975 y sigue siendo propiedad de la institución y de los camaradas que lo promovieron y lo utilizaron. “Aquí continúa siendo peligroso, aunque no le han faltado novios, desde la Generalitat hasta el Ministerio”, explica con contundencia Sònia Turón, secretaria de cultura de la CNT. El 20 de febrero verá la luz un libro con este material y el trabajo de los comisarios, que para ellos solo es el comienzo de un “relato que hay que seguir construyendo”.

El Vaticano y España durante la Guerra Civil

Procesión y ofrenda del Cabildo Catedralicio y del Clero Secular a la Virgen del Pilar (entre 1936 y 1939). Miguel Marín Chivite / Biblioteca Nacional de España, CC BY-NC-SA

Autor: Santiago Navarro de la Fuente

Fuente: The conversation, 1/10/2019

En 1936, la nunciatura apostólica en España se enfrentaba a un cambio de ciclo. La marcha del ya cardenal Federico Tedeschini ponía fin a un periodo de representación iniciado en 1921, todavía durante el pontificado de Benedicto XV. El fin de etapa coincidía también con la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero y con la crisis del posibilismo católico tras la derrota. Pero no fue el único cambio.

El auditor de la representación, Tito Crespi, se suicidó en abril. Lo hizo mientras marchaba a Roma en barco para reponerse de un severo trastorno depresivo. Eso provocó que Silvio Sericano fuese destinado a la nunciatura de Madrid. Aquella llegada fue la primera de las provisionalidades que marcaron la representación del Papa en España durante la Guerra Civil, como he estudiado en el libro La Santa Sede y la Guerra Civil.

La etapa de Sericano

Poco después del suicidio de Crespi, en junio, fue cuando Tedeschini marchó definitivamente a Roma. La nunciatura quedó entonces en manos de Sericano como encargado provisional de negocios. Su papel estaba en mantener la representación a la espera de la llegada del nuevo nuncio, Filippo Cortesi.

Durante el periodo que medió entre la salida de Tedeschini y el golpe de Estado de julio, Sericano demostró gran habilidad a la hora de defender los derechos de los católicos usando el ordenamiento jurídico democrático de la Segunda República, en una muestra de la tendencia que la Santa Sede parecía querer imprimir al nuevo periodo de sus relaciones con el gobierno español.

El golpe de Estado de julio y el comienzo de la guerra sorprendieron a una nunciatura a cargo de Sericano, que hubo de mantener la representación en calidad de encargado de negocios en aquellas circunstancias. Finalmente, Cortesi nunca llegó y en la Navidad de 1936 fue destinado a Polonia.

Isidro Gomá en el XXX Congreso Eucarístico
Internacional en Cartago (1930).
Fondo Marín-Kutxa Fototeka /
Wikimedia Commons, CC BY-SA

La condición provisional de la representación del Papa en España no sólo afectó a Sericano, sino que se proyectó también sobre los dos primeros representantes del pontífice ante el gobierno de los sublevados. Así, el cardenal arzobispo de Toledo Isidro Gomá fue representante confidencial y oficioso ante Franco entre la Navidad de 1936 y octubre de 1937.

Le sucedió, como encargado de negocios, Ildebrando Antoniutti, quien había llegado a España a finales de julio de 1937 con la misión inicial de ocuparse de la repatriación de los niños vascos evacuados antes de la caída de Bilbao.

Las relaciones provisionales

Este rasgo de provisionalidad que compartieron las tres misiones, muy distintas entre sí en muchos aspectos, permite analizar cómo las relaciones formales del gobierno de los católicos al máximo nivel se fueron apagando ante el gobierno de la Segunda República y comenzaron a construirse con las autoridades emanadas del golpe militar. No nos referiremos, por tanto, a la posición de la Iglesia a nivel español ante el conflicto; cuestión compleja, que merece un tratamiento por sí misma.

Retrato de Monseñor Cicogniani (1942).
Ruiz Vernacci / Fototeca del Patrimonio Histórico, CC BY-NC

Las fuentes del Archivo Secreto Vaticano y las de la Sagrada Congregación para Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios permiten reconstruir cómo fue este proceso que culminó con la acreditación de Gaetano Cicognani como nuncio ante Franco. No fue un nombramiento casual, puesto que se trataba del último representante del Papa en Austria antes de la anexión de aquel país al III Reich.

Las orientaciones que la Santa Sede dio a sus distintos representantes en este periodo revelan muy bien las profundas diferencias entre las preocupaciones del episcopado español y las del gobierno romano de la Iglesia. También reflejan sus diferentes percepciones sobre los peligros y las potencialidades que aquel conflicto suponía para los católicos en particular y para los españoles y el resto del mundo en general.

Así, mientras en la primavera de 1937 Pío XI publicó tres documentos de máximo nivel sobre el “comunismo ateo”, el nazismo y la situación de la Iglesia en México, su contenido influyó muy poco en la elaboración de la Carta Colectiva del episcopado pocos meses después.

Vocablos de hielo

Esta fue una muestra más de la impermeabilidad de buena parte del catolicismo español a ciertas orientaciones de la Santa Sede, como lo había sido la parcial recepción del mensaje del Papa a los huidos de la guerra en septiembre de 1936; un texto que la prensa franquista tachó de “vocablos de hielo”, en una expresión que incomodó mucho a la Secretaría de Estado vaticana.

Las misiones diplomáticas provisionales de la Santa Sede durante la Guerra Civil abordaron no sólo los problemas derivados de la persecución religiosa y la destrucción de los templos y las estructuras eclesiales. También se ocuparon de la reconstrucción de la Iglesia en cuanto fue posible y procuraron la asistencia a los fieles que permanecían en la zona republicana. Llevaron a cabo determinadas misiones de caridad destinando a ello importantes sumas llegadas tanto del Vaticano como de católicos de otras partes del mundo y se afanaron en influir en el mayor grado posible para que la España que resultase del dramático conflicto fuese lo más conforme al catolicismo, tratando de neutralizar las amenazas percibidas en ambos contendientes.

La trascendencia del enfrentamiento entre españoles también afectó a la Iglesia en otros muchos países, en los que el apoyo a cada uno de los contendientes fue motivo de especial debate. Sobre todo, fue causa de distintas movilizaciones a favor de los católicos españoles: ya fuera acogiendo a los niños evacuados del conflicto o enviando ayuda económica para la atención de los damnificados y la reconstrucción de templos (aunque en alguna ocasión puntual el destino de aquellas cantidades fuera desviado hacia lo militar).

Nazismo, comunismo, prácticas eugenésicas, políticas educativas, orientaciones pastorales hacia la conquista o hacia la reconciliación… todo ello puebla las trepidantes misiones que en aquellos años ostentaron Sericano, Gomá y Antoniutti. Unos meses que marcaron irreversiblemente sus vidas y en los que su acción también se reveló determinante para la situación de los católicos en España.

La ciencia que desmanteló Franco.

Franco visita el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, en 1954. UAM

Autor: MANUEL ANSEDE

Fuente: El País, 25/07/2015

“Al carro de la cultura española le falta la rueda de la ciencia”, sentenció Santiago Ramón y Cajal, único científico 100% español que ha ganado un premio Nobel. El investigador recibió el galardón en 1906 por descubrir las neuronas del cerebro y un año después predicó con el ejemplo y se transformó en el carretero del país: se puso al frente de la nueva Junta para Ampliación de Estudios (JAE), una institución que pagaba a los mejores científicos españoles estancias en las grandes universidades europeas y americanas.

La JAE contribuyó al florecimiento de la Edad de Plata de las letras y las ciencias en España durante el primer tercio del siglo XX. Hasta el físico Albert Einstein aceptó dirigir una cátedra extraordinaria en la Universidad Central de Madrid en 1933. Pero el golpe de Estado de 1936 y la Guerra Civil barrieron este progreso. El 8 de diciembre de 1937, el general Francisco Franco disolvió la JAE y creó otra institución para colocar la “vida doctoral bajo los auspicios de la Inmaculada Concepción de María”.

El libro Enseñanza, ciencia e ideología en España (1890-1950), editado por la Diputación de Sevilla y Vitela Gestión Cultural, repasa ahora el desmantelamiento de la ciencia en España ejecutado por la dictadura franquista. “A los que estudiamos en la Universidad española entre finales de los sesenta y principio de los setenta nos hacían creer que antes de 1940 la ciencia estaba atrasada y fue casi inexistente, que todo lo que se estaba haciendo entonces provenía del actual régimen, el cual había puesto los medios materiales y las personas adecuadas para que la ciencia española progresara y saliera del atraso en que se encontraba en la década de 1930. Pero nada más lejos de la realidad”, reflexiona el historiador Manuel Castillo, catedrático emérito de Historia de la Ciencia en la Universidad de Sevilla y coautor del libro.

De los 580 catedráticos que había, 20 fueron asesinados, 150 expulsados y 195 se exiliaron, señala el historiador Manuel Castillo

Castillo recuerda que José Ibáñez Martín, ministro de Educación entre 1939 y 1951, asumió la decisión de “recristianizar la sociedad”. La represión vació la universidad. De los 580 catedráticos que había, 20 fueron asesinados, 150 expulsados y 195 se exiliaron, señala Castillo. “La Iglesia supervisó o participó en cada una de estas denuncias”, afirma.

Uno de los primeros en huir fue el físico Blas Cabrera, un experto en magnetismo que había sido elegido miembro de la Academia de Ciencias de París en sustitución del fallecido Svante August Arrhenius, premio Nobel de Química. “A México llegaron medio millar de médicos e investigadores de ciencias biomédicas”, prosigue Castillo. También escaparon grandes figuras de las ciencias naturales, como Ignacio Bolívar, sucesor de Ramón y Cajal al frente de la JAE en 1934, y Odón de Buen, pionero de la oceanografía en España y un divulgador de la ciencia cuyos libros fueron prohibidos por el papa León XIII por defender las teorías de Darwin.

Las matemáticas españolas perdieron a Luis Santaló, uno de los padres de la Geometría Integral, que se exilió en Argentina y continuó investigando en la Universidad de Buenos Aires. En 1983, con 72 años, recibió el premio Príncipe de Asturias de investigación científica. La química también se resintió. Antonio García Banús, catedrático de Química Orgánica en la Universidad de Barcelona, se exilió en Colombia y allí creó la Escuela de Química en la Universidad de los Andes, en Bogotá. Enrique Moles, autoridad mundial en la determinación de los pesos atómicos, también fue depurado, como firmante del manifiesto “Contra la barbarie fascista” publicado tras el bombardeo aéreo de Madrid.

El CSIC nació para buscar “la restauración de la clásica y cristiana unidad de las ciencias destruida en el siglo XVIII”

Son solo algunos de los ejemplos que aparecen en Enseñanza, ciencia e ideología en España (1890-1950), cuyo segundo autor es Juan Luis Rubio, profesor de Historia de la Educación en la Universidad de Sevilla. El Decreto del 8 de noviembre de 1936, dictado por Franco en Salamanca, había ganado. Era una orden de eliminar “las ideologías e instituciones disolventes, cuyos apóstoles han sido los principales factores de la trágica situación a que fue llevada nuestra Patria”.

Sobre las cenizas de la JAE, y bajo la batuta de José María Albareda, miembro del Opus Dei más tarde ordenado sacerdote, se creó en 1939 el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Albareda propuso en un primer momento que se denominase Nacional en lugar de Superior, pero en cualquier caso el CSIC nació para intentar “la restauración de la clásica y cristiana unidad de las ciencias destruida en el siglo XVIII”, según la ley que lo creó el 24 de noviembre de 1939.

Aquel texto criticaba la supuesta “pobreza y paralización” de la ciencia en España durante el primer tercio del siglo XX. Franco decretaba el olvido de la JAE, una falta de memoria que se repitió de manera sorprendente en 2014, en el 75 aniversario del CSIC, cuando el organismo pasó de puntillas por su pasado de exilios y depuraciones en los actos de celebración. El actual presidente del CSIC es Emilio Lora-Tamayo, hijo de Manuel Lora-Tamayo, ministro de Educación con Franco y también presidente del CSIC, entre 1967 y 1971.

El franquismo convirtió a España en uno de los países «más subdesarrollados del continente en ciencia», según Castillo

Con la llegada de la dictadura, El origen de las especies de Charles Darwin se convirtió en una obra totalmente prohibida. El ministro Ibáñez Martín incluyó pasajes del Génesis bíblico en algunos libros de Ciencias Naturales. La investigación de la evolución humana, que había empezado a despuntar gracias a la JAE, fue sustituida por Adán y Eva. La paleontología “se retrotraía hasta el Cuarto Concilio de Letrán”, organizado por el papa Inocencio III en el año 1215, según Castillo.

“Hay que reconocer que en esto el franquismo fue pionero: se adelantó decenas de años a la corriente creacionista tan en boga hoy en algunas universidades norteamericanas que afinan la inventiva para introducir sus teorías como avaladas por la ciencia”, ironiza el catedrático emérito.

“La falta de libertad de pensamiento y de expresión durante casi 40 años taró al país y lo convirtió en uno de los más subdesarrollados del continente en ciencia y en cultura general”, sentencia Castillo. El Auditorio de la Residencia de Estudiantes, una de las joyas de la JAE en Madrid y sede de importantes conferencias científicas internacionales, fue demolido parcialmente y se convirtió en una iglesia. “Si de las basílicas romanas surgieron las primitivas iglesias cristianas, por qué de un teatro o cine, en donde se pensaba ir ensuciando y envenenando, con achaques de cultura y de arte, a la juventud española, no puede surgir un oratorio, una pequeña iglesia para que sea el Espíritu Santo el verdadero orientador de esta nueva juventud de España”, escribió tras la Guerra Civil su arquitecto, Miguel Fisac, por entonces miembro del Opus Dei.

El día que Franco entró en Catalunya

La popular Calle Mayor de Lleida protegida con sacos terreros de las balas que el Ejército Popular disparaba desde el otro lado del río (Fons Porta / Servei Audiovisuals)

Fuente: La Vanguardia, 01/04/2018 23:52 | Actualizado a 02/04/2018

Autor: PAU ECHAUZ

El 27 de marzo de 1938, las tropas de legionarios y marroquíescomandados por el general Yagüe entraron por la mañana en Barbastro y Fraga y hacia el final del día tomaron Massalcoreig, la primera localidad catalana ocupada por el ejército franquista. Yagüe había roto las defensas republicanas y después de atravesar el Cinca tenía muy claro su próximo objetivo, conquistar Lleida para la España de Franco. Mañana, 3 de abril, se cumplen 80 años de aquella batalla que significó la irrupción por la fuerza de las armas de un nuevo régimen político. La caída de Lleida significó para el bando republicano la certeza de que la guerra no podía ganarse. Los franquistas pronto llegarían al mar por Vinaròs y aislarían Catalunya, desde el margen izquierdo del Segre por el oeste y del Ebro por el sur. Según los historiadores, Yagüe quería atravesar el Segre y avanzar hacia Barcelona, pero Franco se lo impidió. La guerra aún duraría otro año.

El mismo día 27 de marzo, los aviones italianos y alemanesbombardearon Lleida sin piedad, acción que repitieron el día 30 con el ánimo de debilitar la moral combativa. Buena parte de la población civil optó por abandonar la ciudad, y de estos, muchos se refugiaron en pueblos vecinos o en torres de la huerta. Lleida quedó desierta y con grandes columnas de humo y polvo, sin agua, ni luz, derruidos numerosos edificios oficiales y en la práctica, inhabitable en buena parte del centro histórico. Cuando las bombas dejaron de caer, llegó la 46ª División, comandada porValentín González, conocido como El Campesino , al que se había encargado, junto a otros batallones, la defensa de Lleida.

Aviones italianos y alemanes habían bombardeado antes la ciudad intensamente

La resistencia republicana en los campos alrededor de la capital consiguió frenar el avance durante cinco días, a costa de numerosas bajas causadas por la artillería nacional, la aviación y también unidades de carros de combate. Yagüe concentró sus fuerzas por la carretera de Zaragoza y así el día 2 de abril conseguían tomar la colina de Gardeny al mismo tiempo que otras columnas se infiltraban por la carretera de Huesca.

Según el historiador Joan Sagués, autor de La Lleida vençuda i ocupada del 1938 (Pagès Editors), “los combates fueron muy intensos, calle por calle, casa por casa, y los republicanos ya estaban preparados para lo peor, así que incendiaron varias casas en el centro y con el Tabor Ifni Sahara y la 43 Bandera de la Legión pisándoles los talones pasaron al margen izquierdo del Segre y dinamitaron el Pont Vell, aunque hay otras versiones que aseguran que sólo dinamitaron el del Ferrocarril”.

La caída significó para el bando republicano la certeza de que la guerra no podía ganarse

La voladura se produjo una media hora después de que los soldados franquistas izaran la bandera rojigualda en la Seu Vella y se desplegaran por el centro urbano histórico. El río era la tierra de nadie que dividía el frente de guerra. Los republicanos pasaron de defender la ciudad a disparar sobre ella. La República había perdido Lleida, pero la ocupación franquista no trajo la paz, pues el frente todavía permanecería activo nueve meses más, hasta Navidad.

La tarde del domingo 3 de abril, el general Yagüe tomó posesión de la Comissaria de la Generalitat en Lleida, la actual Diputación, y tras izar la bandera en el balcón, dio un discurso a los escasos leridanos que habían salido de sus refugios. “Vengo en nombre del Caudillo a daros el pan, la paz y la justicia”.

La caída de Lleida fue considerada una “resistencia heroica” por la prensa republicana, mientras que los diarios de la zona nacional resaltaban que “Lérida volvió el domingo a ser de España”, según recoge Sagués en su libro. La estrategia seguida por El Campesino fue criticada incluso por camaradas comunistas, como José del Barrio, que, en sus memorias, le acusa de abandonar su puesto, escudándose en que se encontraba enfermo. Está confirmado que Valentín González marchó de Lleida mucho antes de la voladura del puente y que fue trasladado a Barcelona en ambulancia.

La fotografía, de autor desconocido, es el único documento gráfico de los combates entre republicanos y franquistas por las calles de Lleida (Arxiu fotogràfic/Ateneu Popular)

Las calles de Lleida se llenaron de soldados y al día siguiente de la ocupación, la población civil empezó a congeniar con los conquistadores. Detrás del Estado Mayor de Yagüe viajaba una numerosa comitiva de periodistas, españoles y extranjeros. Entre ellos cabe destacar el tándem formado por Víctor Ruiz Albéniz, que firmaba con el seudónimo de El Tebib Arrumi, abuelo del exalcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón, y el fotógrafo José Demaría, más conocido como Campúa. La crónica de El Tebib Arrumi describe una ciudad “con muy poca gente” y destrozada por la “iracundia” del enemigo “sobre todas las iglesias y la magnífica catedral”. También explica que algunas zonas son peligrosas por los disparos republicanos desde el otro lado del río y se refiere a El Campesino, que “escapó ayer tarde a las seis, acreditándose como discípulo de Prieto a costa de tanta fuga como va practicando”.

A su vez, las fotos de Campúa muestran cadáveres por las calles, casas abiertas por las bombas y el encuentro entre la población que saluda brazo en alto, además de muchos soldados con guitarras y botellas de vino. Un compañero de fatigas de Ruiz Albéniz y Campúa siguiendo la campaña de Yagüe es el barman Perico Chicote, que se encarga de la intendencia de los periodistas y del propio general. Campúa lo fotografía paseando por una ciudad y bebiendo vino, celebrando la victoria.

Pese a la ocupación franquista, el frente aún seguiría activo nueve meses más

La normalización de la vida ciudadana y de los servicios públicos era muy difícil al estar la ciudad en primera línea de fuego y el retorno de los vecinos fue escalonado. Paralelamente se inició una dura represión que conllevó el uso de varios edificios religiosos y la propia Seu Vella como cárceles, el espacio previo al juicio sumarísimo y en su mayoría al pelotón de fusilamiento. Según Joan Sagués, “los nueve meses posteriores a la ocupación fueron de duros combates en todo el frente del Segre, como el de la masacre del Merengue, en la cabeza de puente de Balaguer, donde centenares de soldados de la denominada Quinta del Biberón cayeron muertos por las ametralladoras de una columna falangista”. Es muy posible que la caída de Lleida fuera uno de los hechos bélicos que llevaron a Màrius Torres a componer tal vez su poema más famoso, La ciutat llunyana, una reflexión íntima sobre la derrota y la destrucción de “la ciutat d’ideals que volíem bastir”, y como reconstruirla con la esperanza. “Ja no ens queda quasi cap més consol que creure i esperar la nova arquitectura amb què braços més lliures puguin ratllar el teu sòl”.

Con un trozo de Catalunya en sus manos, Franco firmó el día 5 de su puño y letra la derogación del Estatuto de Autonomía y tres días después fusilaba a Manuel Carrasco i Formiguera. Juan Negrín tuvo que formar un nuevo Gobierno con un programa de trece puntos para negociar la paz. “Resistir es vencer”.

El fascismo que sobrevivió a Hitler.

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Fuente: El País, 1 de febrero, 2015.

Cuando acabó la Guerra Civil española, más de la mitad de los 28 estados europeos estaban dominados por dictaduras con poderes absolutos, que no dependían de mandatos constitucionales ni de elecciones democráticas. Excepto en el caso de la Unión Soviética de Stalin, todas esas dictaduras procedían del firmamento político de la ultraderecha y tenían como uno de sus principales objetivos la destrucción del comunismo.

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